Jesús María Sánchez, decano del Colegio de Abogados de Barcelona
Jesús María Sánchez García
Si bien es cierto que no corresponde al Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) la aprobación de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, es un secreto a voces que muchas mujeres, en especial víctimas de violencia machista, se ven inmersas en una odisea judicial para demostrar que son merecedoras de este servicio. Una brecha burocrática en la tramitación de dichas peticiones provoca que decenas de denunciantes reciban cartas con la negación de un letrado de oficio, a pesar de no tener ingresos para costear un abogado particular.
Aunque la última palabra la tiene la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Barcelona, que pertenece a la conselleria de Justicia, desde el ICAB, pilotado por el abogado Jesús María Sánchez García, convendría velar porque estas mujeres (y cualquier otra víctima) no se tengan que ver en esta tesitura. En especial, cuando se trata de mujeres migrantes y extremadamente vulnerables, como es el caso de Saima: una joven pakistaní maltratada por su padre, a quien le denegaron la asistencia judicial gratuita tras haber intentado contactar con ella y no haber podido.
Se da la circunstancia de que Saima lleva más de un año viviendo en un piso de acogida para mujeres maltratadas, cuya dirección, por razones obvias, se encuentra bajo secreto. Sin embargo, la joven lamenta que nadie acudió a servicios sociales para intentar localizarla y que desde la Comisión se limitaron a enviar una carta al domicilio familiar, donde vive su maltratador.
Como este caso, lamentan voces de la abogacía catalana, existen otros tantos. Por ello, desde la institución que dirige Jesús María Sánchez García, en calidad de decano, se debería garantizar que ciertos casos, como el presente, no requirieran de tanta burocracia para tramitar un abogado de oficio e intermediar con la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para asegurar este servicio a mujeres como Saima.
No obstante, es remarcable la función que hacen los abogados adscritos al turno de oficio del ICAB, que velan por el buen funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita en Barcelona y visibilizan casos injustos como el de la joven Saima.
