El periodista Albert Calatrava, jefe de informativos de TV3
Albert Calatrava
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La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha vuelto a poner en su sitio a los medios de comunicación públicos de la Generalitat -TV3 y Catalunya Ràdio- por su habitual sesgo progubernamental y nacionalista. Esta vez, por referirse como "exiliados" a los prófugos de la justicia por el procés secesionista.
La falta de neutralidad y de pluralidad de estas dos emisoras públicas ha llevado a convertir en algo ya habitual que, en vísperas de ciclos electorales, los organismos arbitrales tengan que llamar la atención a sus responsables para exigírselas.
Situaciones similares ya se dieron, recordemos, en años anteriores, por llamar por ejemplo "presos políticos" a los mandatarios condenados por el golpe secesionista de 2017, o tildar su juicio como "juicio de la represión". Dos términos que, obviamente, falsean la realidad de un Estado de Derecho con plenas garantías democráticas como es España.
De nuevo, la Junta Electoral ha tenido que llamar a orden a TV3 y Catalunya Ràdio por incumplir los principios de neutralidad informativa exigibles a los medios de titularidad pública, al favorecer éstos posicionamientos políticos de los gobernantes de turno. Una falta de rigor inadmisible, máxime si se tiene en cuenta el astronómico coste de estos dos medios para las arcas públicas: más de 300 millones euros al año.
