Vicente Pedro
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La cementera de LafargeHolcim en Montcada (Barcelona) ha encajado un nuevo revés en los tribunales. Esta vez, el Superior de Justicia de Cataluña ha dado carpetazo finalmente a la disputa entre fábrica y vecinos por la autorización ambiental que concedió la Generalitat en 2017, que ha quedado definitivamente anulada.
Para evitar el cierre, la compañía pidió otro permiso, que fue concedido en 2023. La judicialización permanente de estas licencias responde a errores en el proceso por parte de la Administración, que es la primera que debe rendir cuentas. La investigación judicial paralela por la vía penal dirimirá si los exresponsables del Govern tuvieron alguna responsabilidad en estos defectos.
En lo que respecta a la industria, está claro que genera puestos de trabajo de calidad y que hay un interés económico y social en mantenerlos, que entra en colisión con el interés del movimiento vecinal en parar la producción. La única solución posible es la de reducir las emisiones de una actividad altamente contaminante y cercana a zonas residenciales (construidas con posterioridad a la propia planta).
Más allá de la apuesta por la sostenibilidad de la que presume la firma, las mejoras han de ser más significativas para lograr que la burocracia medioambiental sea inapelable. De lo contrario, se sucederán los contenciosos como ha ocurrido en los últimos años y los empleos afectados penderán de un hilo demasiado débil.