La 'huella verde' de la cementera de Montcada provoca el enésimo choque con los vecinos

La Agrupación de Vecinos de Can Sant Joan asegura que la firma busca esconder su contaminación a través del CLIS, un comité para reunirse con las partes afectadas del territorio local e impulsar la sostenibilidad. "La fábrica viene haciendo reuniones de este tipo desde hace mucho tiempo y nosotros no asistimos, porque no tiene sentido asistir: nosotros queremos que cierren y ellos siguen haciendo todo lo mismo", lamenta el presidente, José Luis Conejero.

Más de 300 empleos en juego

"Al principio nos reunimos con ellos y les planteamos irnos reuniendo y que en ese caso miraríamos cómo se iría reduciendo la contaminación, porque una planta de cemento en sí es muy contaminante, y nos dijeron que ellos para seguir trabajando necesitan incinerar", prosigue Conejero. "Entonces aquí ya no hay discusión, si ellos quieren incinerar y nosotros no queremos, no hay discusión posible, y por eso no vamos a las reuniones", explica el representante vecinal.

Fuentes de la plantilla lamentan esta actitud y reivindican los tres centenares de empleos directos e indirectos que dependen de la fábrica, que son "muchos más" si se tiene en cuenta la actividad tanto de la cementera como de la cantera. Subrayan que es necesario defender el "empleo industrial de calidad, no a cualquier precio, pero sí haciendo las cosas bien hechas", como sostienen que es el caso. Sobre la licencia ambiental de la Generalitat, los trabajadores afirman que ha sido difícil obtenerla: "No nos la han regalado". 

"Trato de favor" del Govern

En el comunicado, LafargeHolcim señala que en el último foro de diálogo con la comunidad se han presentado indicadores ambientales, controles de la calidad del aire y de la reducción de emisiones de dióxido de carbono. También se incluyen unas declaraciones del director de la planta, Vicente Pedro, quien afirma que "la nueva autorización ambiental, que pone fin a años de litigios, posibilita que la planta continúe con su actividad".

La visión de los residentes es totalmente contraria: en una nota de prensa posterior, la Asociación de Vecinos ha denunciado "trato de favor" de la Generalitat, a la que acusa de utilizar "subterfugios", como negar que el vecindario es parte interesada en el proceso y que así no pudiese presentar alegaciones. Tal y como lo entiende la agrupación local, como la licencia ambiental de la cementera fue tumbada en los tribunales, la modificación no sustancial concedida posteriormente no es válida.

Se retrasa el juicio

Y es que "no se puede modificar una autorización que no existe", enfatizan los vecinos. "El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón obligando a la Generalitat a darnos contestación a nuestras alegaciones y le impone un pago de costas", añade el comunicado.

Sobre la anulación de dicha autorización ambiental por parte del TSJC, el Supremo inadmitió el recurso presentado por la firma para revertir la suspensión y seguir operando. Por otro lado, un ex alto cargo de la Generalitat, Emili Dragone, está investigado por la concesión del permiso tras la querella vecinal. Su comparecencia ante el juez se ha aplazado hasta el próximo 19 de abril.