Assumpta Pujol

Las fiscales del caso Borràs, Assumpta Pujol y Teresa Duerto, expusieron ayer su informe de conclusiones definitivas, en el que mantienen la petición de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para la presidenta suspendida del Parlament de Cataluña por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Lo han hecho con un gran rigor técnico y jurídico, desmontando el argumentario victimista de la acusada, que se escuda en su ideología para argumentar "una persecución política".

El ministerio público sostiene que Laura Borràs, en calidad de directora de la entidad, era la encargada última de la gestión de la ILC, la que se encargaba de coordinar y supervisar los trabajos y que, además, conocía la ley y aún así actuó de forma "arbitraria". Además, ha afeado que descargue la responsabilidad en sus subordinados, que no se encargaban de la contratación, y que entraba dentro de sus funciones.