La fiscalía desmonta todos los argumentos de Borràs

La fiscalía mantiene la petición de condena de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para Laura Borràs por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2017 para beneficiar al informático Isaías Herrero. El ministerio público, encabezado por las fiscales Assumpta Pujol y Teresa Duerto, ha sido implacable a la hora de desmontar el argumentario de la ahora presidenta de Junts.

1. Borràs era la máxima responsable de la gestión de la ILC

En su declaración, Laura Borràs descargó su responsabilidad en el que era su equipo, en concreto sobre Assumpta Pagespetit, la jefa de administración. Sin embargo, Duerto ha reiterado que ella, como directora de la entidad, era la máxima responsable de la gestión ordinaria de la ILC. De hecho, ha remarcado que la contratación no se enmarcaba en las competencias de sus subordinados, sino que era ella quien se ocupaba “de toda la gestión relacionada con el desarrollo de la web: desde el contacto con los proveedores, pasado por la elección de los conceptos de los contratos, hasta los pagos”. Este argumento ha enfadado a Gonzalo Boye, el abogado de Borràs, que ha expresado que “desde Núremberg no se ha visto a tanta gente diciendo: yo solo cumplía órdenes”.

En contra de lo que manifestó la presidenta suspendida del Parlament el lunes, que aseguró que nadie le advirtió sobre la vulneración de la ley de contratación pública y que se limitó a seguir las indicaciones de Pagespetit --que era “muy minuciosa y profesional”--, la fiscalía sostiene que la funcionaria sí que la alertó. La fiscalía apuntala la versión de Pagespetit, que declaró ante el tribunal que detectó “irregularidades”, y sostiene que no solo se lo hizo saber a Borràs, que desoyó sus recomendaciones, sino que los funcionarios de la ILC llegaron a enviarle modelos de contratos negociados que la presidenta de Junts nunca aplicó.

La presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, saluda al expresidente de la Generalitat Quim Torra a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) / ANDREU DALMAU - EFE

2. Los informes no eran favorables

En contraposición a lo declarado por Assumpta Pagespetit en el juicio, que aseguró que en una reunión con una interventora del Departamento de Cultura esta técnico advirtió de irregularidades en los contratos de la ILC, Borràs aseguró que cuando comunicó que optaría por contratos menores en vez de encomendar el desarrollo del proyecto del desarrollo del portal web al CTTI “el interventor dio su OK”. No solo eso: la presidenta de Junts manifestó que los informes fueron siempre positivos, a excepción de uno en el que se reflejaban deficiencias “leves”, pero que tras formular las pertinentes alegaciones fueron “aceptadas”.

Sin embargo, Duerto ha desmontado también esta versión y ha reflejado que sí que hubo intervenciones que señalaban que podía haber un fraccionamiento de contratos. En palabras de la fiscal, los informes no solo no fueron favorables sino que se hicieron recomendaciones muy similares a las planteadas por Pagespetit y su sustituto, Roger Espar. “Se detectó una continuidad contractual en varios expedientes como lo que hacía referencia a la traducción al inglés del portal", si bien desde el la conselleria no pudieron confirmar la “recurrencia” del mismo adjudicatario porque por aquel entonces desconocían que el beneficiario era siempre Isaías Herrero. Una realidad que sí conocían los trabajadores de la ILC, que advirtieron que aunque la entidad adjudicaba contratos a empresas diferentes, “todas las tareas las hacía Herrero”. En este sentido, Boye ha reiterado que si lo sabían tenían que haberlo denunciado, como establece el código deontológico de los funcionarios de la Generalitat.

3. Evidencias de fraccionamientos

Laura Borràs siempre ha negado haber fraccionado contratos, justificando el trámite de contratos menores puesto según ella que cada uno de ellos “tenía un objeto diferente”. Además, argumentó frente al tribunal que, aunque actuó de intermediaria entre Herrero y Pagespetit, nunca elaboró a título personal ningún presupuesto o factura. Discrepa en este punto también la acusación pública, que reitera que en enero de 2013, recién llegada a la ILC y antes de reunirse con la junta de gobierno de la entidad y de consultarlo con Pagespetit, Borràs ya había decidido que el adjudicatario del proyecto de la web sería Isaías Herrero.

De hecho, como no podía pagarle los 50.000 euros que tenían de presupuesto inicialmente sin sacarlo a concurso público --en total, Herrero recibió más de 330.000 euros-- le indicó que debía trocear los contratos de forma que no superaran los 18.000 euros. "Si ven que se ha fraccionado un encargo completo en varios paquetes pensarán que se ha hecho una irregularidad", rezaba el mensaje, en el que le indicaba que los presupuestos que se adjudicarían a dedo tenían que ir acompañados de contratos comparsa. Un hecho que, según Duerto, evidencia que Borràs conocía la ley, pese a que ella declaró que no tenía experiencia en contratación pública. En otro de los mensajes rescatados por la fiscal, Borràs se ofreció a modificar ella misma los conceptos de los presupuestos. “Esperas que los haga yo, pero no doy abasto: tengo que hacerlos con tipografías y formatos diferentes”, escribía Borràs.

4. La ILC operaba con contratos menores

La presidenta de Junts declaró que la ILC operaba de forma “habitual” mediante contratos menores, tramitando “entre 800 y 850 al año”. Para restar hierro al asunto, expresó que ella solo hizo “18 contratos menores en cinco años”, que además estaban justificados porque respondían a “proyectos independientes, con vida propia fuera del portal”.

Así lo ha corroborado la fiscalía, pero ha añadido que “hay un antes y un después de la llegada de Laura Borràs a la ILC”. Es cierto, ha esgrimido, que hasta 2013 la entidad utilizaba esta vía “de carácter excepcional para satisfacer de manera rápida las necesidades de escasa cuantía de la Administración Pública. Lo hacía porque hasta ese momento la ILC solo gestionaba "proyectos pequeños" como conferencias, vídeos, intervenciones en programas o cursos "que tenían un coste inferior a 3.000 euros". Sin embargo, el ambicioso proyecto que abanderaba Borràs no podía resolverse por esa vía. “Es evidente que a base de contratos menores no era posible llevarlo a término sin infringir de manera clara y arbitraria la ley".

5. La aportación de Herrero, “esencial” para conocer los hechos

Frente al intento de Laura Borràs, que en la misma línea que su abogada Isabel Elbal intentó desacreditar a Isaías Herrero alegando que le mintió sobre su adicción a las drogas, Duerto considera “esencial” la aportación del informático para conocer los hechos. Gracias a su testimonio, con el que ha conseguido rebajar la petición de condena de la fiscalía de los seis años que pedía inicialmente a los dos años, se ha comprobado que desempeñaba “un trabajo recurrente” en la ILC. “La unidad funcional era la web” encargada por Borràs, ha concluido Duerto.

“La señora Borràs no ha querido dar explicaciones ni a la fiscalía ni a las demás partes y esto es tan legítimo como lo otro”, ha expresado la fiscal en relación a la decisión de Herrero de confesar los delitos cometidos, un pacto que el abogado de Borràs, Gonzalo Boye, ha tachado de trapi.