Teresa Ribera

Un nuevo registro histórico en el precio de la electricidad, junto a las previsiones de que los costes se mantendrán sumamente elevados por más tiempo del previsto, han forzado al Gobierno a anunciar nuevas medidas para intentar minimizar el efecto de este fenómeno en el recibo, que padecen sobre todo las rentas bajas y colectivos como los autónomos, adscritos mayoritariamente al mercado regulado. No es la primera vez que el Ejecutivo, a través de la vicepresidenta Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, reacciona ante la espiral inflacionista del mercado eléctrico y es de alabar su actitud, aunque bien es cierto que, por ahora, todas las soluciones aplicadas han hecho aguas.

Tampoco conviene olvidar que aquellas de mayor calado, que suponían una intervención de facto en el mercado e incluso en las cuentas de las compañías del sector, tuvieron que ser corregidas y matizadas por el propio Ejecutivo ante las advertencias de Bruselas, donde se habían movido con celeridad los lobis del sector para evitar que el ámbito privado cargara con una política energética que ha mostrado numerosas costuras ante las tensiones registradas en los mercados. 

Especialmente en política, la acción casi siempre es preferible a la inacción. Pero sin una dirección definida y firme y siempre a remolque de los acontecimientos, puede incluso ser más dañina. Tampoco contribuyen determinadas promesas a los ciudadanos cuyo cumplimiento no está precisamente en manos de quien las hace, aunque sea el presidente del Gobierno.