Alba Vergés

La pasada primavera, mientras casi la totalidad de los mossos d'esquadra y de los policías locales en Cataluña habían sido vacunados contra el Covid-19, apenas el 15% de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en esta comunidad habían sido inmunizados con el antídoto que suministraba la Consejería de Salud. Eso le costó una querella a la entonces máxima responsable del departamento, Alba Vergés (ERC) --hoy vicepresidenta primera del Parlament--, por parte de un sindicato del instituto armado.

Tras conocerse que la demanda ha sido admitida a trámite por un juzgado de Barcelona, la dirigente nacionalista ha estallado y acusado a la Guardia Civil de llevar a cabo una "persecución ideológica" contra ella. El independentismo sigue empeñado en tapar con la bandera su actuaciones discriminatorias que, como en este caso, sí responden a razones ideológicas. Ahora deberá enfrentarse a una acusación por un delito de odio y otro contra la seguridad y la higiene en el trabajo. Justificar el retraso en la vacunación de policías nacionales y guardias civiles apelando a "problemas burocráticos" roza el ridículo y el insulto.