José Javier Castrodeza Sanz, secretario General de Sanidad y Consumo / CG
José Javier Castrodeza Sanz
La práctica generalizada de tantas y tantas compañías de servicios de obligar a sus clientes a utilizar el 902, mucho más caro que los que comienzan por el predijo de la ciudad, es un abuso manifiesto. El Ministerio de Sanidad, del que depende la atención al consumidor, debería haber tomado cartas en el asunto hace ya tiempo.
Recurrir, como se ha visto obligada a hacer Facua, a los responsables de consumo de las comunidades autónomas es una pérdida de tiempo y de eficacia tremenda.
