Toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia, al menos mientras no se pruebe su culpabilidad. Curiosamente, en el caso Negreira, da la sensación de que, para el juez instructor, el FC Barcelona y sus presidentes son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Joaquín Aguirre ha sorprendido en los últimos meses con sus autos cargados de especulaciones, acusaciones no probadas al 100% y "deducciones lógicas" que trascienden a la práctica jurídica. Unas conclusiones que han sido recurridas no solo por todos los abogados de la defensa en bandada, sino también por la propia fiscalía.
Sus recientes acusaciones contra todo y contra todos solo encuentran el aplauso de la prensa madrileña, exultante y pletórica ante el sufrimiento azulgrana, pero en ningún caso de la doctrina ni la mayoría de juristas y expertos penalistas consultados. Lo único bueno de ese ataque despiadado que el juez ha teledirigido descaradamente hasta conseguir la imputación del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, es que ha conseguido unir a las facciones más enfrentadas del barcelonismo.
Los ismos, unidos como los griegos
Contra pronóstico, se ha conseguido una reunión de presidente y expresidentes del Barça. Orquestada por el decano de todos ellos, Joan Gaspart, con la presencia de Sandro Rosell, Josep María Bartomeu y el propio Enric Reyna. Enemigos en el pasado, en la mayoría de los casos, y unidos ahora por una misma causa: la defensa no solo de la inocencia, sino del honor del FC Barcelona que tanto procuran manchar desde que la Agencia Tributaria decidió convertir una inspección fiscal en una cuestión para la Fiscalía Anticorrupción. Van tan perdidos que mientras los unos hablan de un delito de corrupción deportiva prescrito en el Código Penal, el juez opta por inventarse el cohecho y así aumentar el nivel de decibelios. Lo más curioso del caso es que los verdaderos especialistas coinciden: todo quedará en nada.
Enríquez Negreira, Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu
El juez Aguirre está consiguiendo que todo el barcelonismo se una contra él, como los griegos detenían sus trifulcas internas cuando un enemigo externo les amenazaba. Ha logrado unir al laportismo, herencia del cruyffismo, con el nuñismo que aún representa Gaspart y con el bartorosellismo que se sustenta en Rosell y Bartomeu, más próximos a Núñez que a Cruyff. Juntas directivas enemigas y enfrentadas. Que se han llevado mutuamente a los tribunales en multitud de ocasiones, directamente --acción de responsabilidad-- o a través de terceros. Y que ahora luchan codo con codo por una causa común como hicieron los enemistados Agamenón y Aquiles, junto al vivo Odiseo, en la famosa Guerra de Troya.
Recursos demoledores de la defensa
Hace un mes, los cinco abogados que representan a Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu, Òscar Grau, Albert Soler y el propio Barça como persona jurídica presentaron el correspondiente recurso de apelación contra el auto del juez Aguirre, por el cual se atribuía la imputación del delito de cohecho a todos ellos. Cada uno con sus tiempos y argumentos propios; en interés específico de su cliente, pero con interés, también, en la causa común que sirve para insultar al Barça.
Este miércoles 8 de noviembre, además, la Fiscalía ha solicitado archivar la investigación contra Joan Laporta por el caso Negreira, al considerar que los delitos están prescritos en su caso. Exime, por tanto, al actual presidente de la falsedad documental, la corrupción entre particulares, la administración desleal o incluso el posible cohecho. Por ahora, todavía no se ha pronunciado sobre la imputación por soborno del juez Aguirre a los expresidentes Bartomeu y Rosell, así como al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y su hijo, Javier Enríquez.
El CTA, también en contra del magistrado
En lo que respecta al CTA, de hecho, el organismo arbitral se plantea tomar medidas legales contra Joaquín Aguirre, tras afirmar el magistrado en uno de sus autos que existía al menos un "grupo de árbitros corruptos". Desde el Comité consideran que se trata de una acusación muy grave, y además sin fundamento. Por ese motivo sus abogados estudian si es conveniente tomar o no medidas legales.
Todas las partes encausadas e implicadas en la investigación, directa o indirectamente, levantan sus lanzas contra el juez Aguirre para defenderse de sus escritos acusatorios y especulativos, sin que haya sido capaz de aportar todavía pruebas fehacientes a cada una de sus conclusiones. El hecho de que existan los pagos comprobados a Negreira, y que no se hayan dado unas explicaciones públicas convincentes, ha sido suficiente para que el juez recupere su viejo traje de estrella, que tanto utilizó en el pasado en los casos Voloh, Macedonia, Tibidabo u Operación Estela.
Es así que, “por pura lógica”, el magistrado deduce que la finalidad de esos pagos durante 18 años --por un total de 7,3 millones de euros-- era la de influir en el estamento arbitral y sacar un beneficio en los resultados deportivos. Algo que está todavía en el limbo y cogido con pinzas, por mucho que lo dé por probado. Igual que el atrevimiento de describir a Negreira como "funcionario público" a ojos del mundo.