El Barçagate de Enríquez Negreira vuelve a cobrar protagonismo. El FC Barcelona ha sido imputado por un presunto delito de cohecho. Así lo ha determinado el juez Joaquín Aguirre, titular del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, al considerar que los pagos de 7,5 millones de euros a Negreira y su equipo durante años fueron constituyentes de delito. De igual manera han sido imputados Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, expresidentes del Barça, así como José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero.
A lo largo de las últimas semanas, desde Culemanía ya informamos que el juez instructor tenía sospechas de un posible delito de cohecho. Este cambio en la tesis principal de la instrucción trae consigo una nueva ramificación que puede acelerar por completo el curso de las investigaciones, como ha ocurrido este mismo jueves con el registro de la Guardia Civil en la sede del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Lo que dice el auto judicial
"Se ACUERDA atribuir a todas las personas hasta el momento investigadas, incluido el FC Barcelona, el delito de cohecho. En el caso de E.N. se le atribuye un delito continuado de cohecho pasivo en concepto de autor y en el de Javier E.R. otro delito continuado de cohecho pasivo en concepto de cooperador necesario. Respecto a la persona jurídica del FC Barcelona y a los directivos del citado club investigados se les atribuye un delito continuado de cohecho activo. Todo ello sin perjuicio de mantener la calificación alternativa del delito de corrupción deportiva del artículo 286bis 4o CP, al menos durante esta fase de instrucción. Una vez firme la presente resolución, la causa se seguirá por los trámites de la Ley del Tribunal del Jurado", puede leerse en una de las partes clave del auto.
Hasta ahora, el foco del juzgado y la Fiscalía había sido investigar un presunto caso de corrupción deportiva, siendo una hipótesis que se ha manejado desde hace varios meses, aunque sin encontrar pruebas de ello. La sospecha del juez Joaquín Aguirre López --conocido por resolver los mediáticos casos Tibidado, Macedonia, Estela o Voloh-- ha motivado a abrir esta nueva ramificación, que implica una serie de consecuencias para los que están implicados.
Cuadro del auto en el que se acusa al Barça y sus directivos de cohecho
Cabe recordar que, si bien el foco ha estado puesto sobre Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu con respecto a las acusaciones formuladas por la Fiscalía, la posibilidad de un delito de cohecho --coloquialmente conocido como soborno-- también supone que el caso empezaría a salpicar a Joan Laporta por su primer mandato, debido a que los plazos de prescripción son distintos.
Futura sanción para el Barça
Una situación que todavía no se ha confirmado por completo, pero tendría justificación en el ámbito legal. Culemanía conversó días atrás con Toni Roca, especialista en derecho deportivo, para conocer en detalle las diferentes sanciones a las que se exponen los implicados en el caso en cuestión. "No ayuda a la posición del Barça porque el juez aprecia delitos en para influir en los resultados deportivos", expuso el abogado, que además señaló que "lo más lógico es que sea una sanción económica la pena a la que se exponga el Barça".
Montaje sobre el caso Negreira con los presidentes del Barça
Las consecuencias del delito
Paralelamente, los exdirigentes que estarían dentro de dicha acusación estarían afrontando posible pena de prisión de seis meses a cuatro años, además de una inhabilitación especial para el ejercicio de la industria deportiva de uno a seis años. Eso, sin dejar de lado una sanción financiera en caso de que se demuestre su culpabilidad, y en función del grado de la misma.
La decisión del magistrado de imputar a Negreira como funcionario público la sostiene en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, donde puede leerse lo siguiente: “Se considerará funcionario público a todo aquel que por disposición inmediata de la Ley, por elección, o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas”. Es decir, Enríquez Negreira debe ser considerado como funcionario público a efectos penales ya que la RFEF, institución a la que pertenece el CTA, es una entidad jurídico-pública.