¿Qué va a hacer la banca tras el lío judicial de las hipotecas?

El resurgir del mercado inmobiliario había puesto en marcha todo el engranaje de los bancos españoles para otorgar hipotecas, su gran negocio para obtener incardinada recurrentes a largo plazo.

Esperaban alcanzar los 350.000 nuevos préstamos al cierre de 2018, con 44.000 millones prestados, 8.000 más que en 2017, pero ahora todo queda en el aire tras la sentencia del Tribunal Supremo, que cambia su propia jurisprudencia, para que sean las entidades financieras las que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas (IAJD), en lugar de que, como hasta ahora, lo hicieron los clientes.

"Pase lo que pase va a haber lío"

“Menudo berenjenal en el que se han metido”, comentaban fuentes de uno de los grandes bancos españoles. “Pase lo que pase va a haber lío. Tanto si el Supremo al final rectifica, como si no lo hace”, añadían las mismas fuentes.

Aunque los bancos habían confiado en que la rápida reacción del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, convocando este lunes una reunión de urgencia con los magistrados de la Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo --autores de la polémica sentencia dictada el pasado 16 de octubre--, junto a Luis María Díez-Picazo, presidente de esta Sala, pudiera parar, de alguna manera, el impacto de esta sentencia, no parece que la cosa sea fácil.

Mantener o revocar el criterio de una sentencia firme

De momento, habrá que esperar a que el próximo 5 de noviembre los 31 magistrados que integran el Pleno de esta Sala decidan mantener o revocar el nuevo criterio de que deben ser los bancos, y no los clientes, los que abonen el IAJD de las hipotecas.

En el caso de la sentencia en cuestión ya no da lugar a la polémica. “Es firme y no susceptible de revisión por el Pleno de la Sala Tercera, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio”, recoge la nota emitida por el CGPJ, con lo que banca tendrá que devolver la liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados a la Empresa Pública de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid, que era la recurrente en ese proceso, y queda anulado el articulo reglamentario que atribuye al cliente la carga del impuesto.

Entre 500 y 1.500 euros por cada 100.000 prestados

De esta manera, el Pleno del 5 de noviembre concitará todas las miradas. Los bancos cruzan los dedos y confían que el giro jurisprudencial no sea confirmado, y todo siga como hasta ahora, con los clientes pagando el IAJD. Entre 500 y 1.500 euros por cada 100.000 prestados en función de la comunidad autónoma de que se trate.

Y, hasta entonces, qué va a pasar en estas dos semanas con las operaciones hipotecarias que estaban a punto de ser firmadas. Como era de esperar, en los tres días hábiles transcurridos desde la polémica sentencia del Supremo, ya se está notando una cierta paralización en el cierre de las compraventas de viviendas.

Los notarios perciben la llegada de menos préstamos

Los notarios, que deben dar fe del acuerdo hipotecario entre los bancos y los clientes, la están percibiendo. “Vemos que están llegando menos préstamos como prueba de que las operaciones se están postergando hasta ver quién paga el tributo”, confirmaban a Crónica Global varios notarios consultados.

Y, en el caso de que las partes, a pesar del enredo suscitado, decidan seguir con la operación y formalizar la escritura de compraventa, desde el Consejo General del Notariado han indicado a los notarios que aconsejen aplazar la firma e incluyan una cláusula pactada por las partes en la que se acuerda refrendar el acuerdo una vez que el Supremo se pronuncie.

También se ha dado el caso de clientes que, para evitar más embrollos, han aceptado pagar el tributo y renunciar por escrito a litigar en el futuro contra los bancos por esta cuestión.

Menos liquidaciones del IAJD y de registros de escrituras

El aplazamiento de las operaciones que han notado los notarios también se ha hecho extensible a las Comunidades Autónomas, que están viendo cómo llegan menos solicitudes de liquidación del IAJD, y también a los registros de la propiedad, última instancia que, ya con el impuesto liquidado, se encarga de registrar las escrituras de compraventa, certificando el traspaso de titularidad.

Los bancos que, en algunos casos reaccionaban el pasado jueves dejando inoperativos sus respectivos canales online de contratación hipotecaria, decidían restablecerlo este lunes. El último en hacerlo, el BBVA, que lo hacía a última hora de la tarde tras cerrar la sesión bursátil. Una nueva jornada saldada para los bancos con pérdidas notables.

La banca pierde 8.150 millones en tres jornadas

Aunque reinaba cierto optimismo al inicio de la jornada, con subidas generalizadas, tras conocerse la decisión de la reunión de Lesmes con los magistrados de la Sala Tercera del Supremo, las caídas volvieron con fuerza.

Al final, el Sabadell se dejaba un 5,36%, Bankia y Santander más de un 4%, CaixaBank retrocedía un 3,6%, BBVA un 2,13% y Bankinter un 1,43%. En las tres últimas sesiones, la capitalización bursátil de los bancos se ha reducido en 8.150 millones.

Casi 204.000 hipotecas firmadas entre enero y julio

Hasta conocerse este nuevo contratiempo judicial, el ritmo de contratación de nuevas hipotecas venía siendo muy alto. Entre enero y julio se habían firmado hipotecas para la compra de 203.850 viviendas, a una media de 29.125 mensuales.

Además, el importe medio de los préstamos crecía cada mes. Había iniciado el año 2018 en torno a los 122.000 euros y en julio ya superaba los 125.000.

Ahora, la incertidumbre es total, a la espera de que el Supremo clarifique la enrevesada situación en la que se ha metido. Si no se refrenda el giro jurisprudencial, todo seguirá como hasta ahora, aunque la polémica se mantenga durante unos días.

El impacto sobre los bancos, según Gestha

De lo contrario, si definitivamente el criterio del Alto Tribunal es el de convenir que sean los bancos los que paguen el impuesto de las hipotecas, se abriría un escenario muy diferente.

Desde Gestha, el sindicato mayoritario de los Técnicos de Hacienda, estiman que 1,5 millones de contribuyentes podrían reclamar la devolución del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas de los últimos cuatro años a las comunidades autónomas, por un importe de unos 3.600 millones de euros más intereses de demora.

Y, si se amplía la retroactividad a antes de septiembre de 2014, serían otros 13 millones de hipotecados los que, en este caso sí, podrían reclamar a los bancos hasta 26.000 millones de euros.