El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prorroga el tope a la subida del alquiler para asegurar el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos / EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prorroga el tope a la subida del alquiler para asegurar el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos / EFE

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La prórroga del límite del alquiler amplía a 3.000 millones el agujero a los propietarios

El Gobierno ampliará al conjunto de 2023 el tope del 2% a las subidas de los arriendos, pese a que la inflación media prevista se situará al menos tres puntos por encima

23 noviembre, 2022 00:00

Nuevo mazazo en el segmento del alquiler en España. La prolongación a lo largo de 2023 del límite del 2% en la revisión de los contratos ensanchará de forma significativa las pérdidas acumuladas ya por los propietarios desde que la medida se puso en marcha por primera vez, en el arranque del segundo trimestre de este año. En total, el agujero se situará en torno a los 3.000 millones de euros para los dueños de viviendas. 

Se trata de la diferencia entre los ingresos que obtendrán por los arriendos en virtud del límite que establece Moncloa y los que habrían conseguido de poder adaptar la renovación de los contratos que han vencido a lo largo de 2022 y los que lo harán en 2023 al comportamiento de los precios. 

Este martes se ha confirmado que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ha asegurado el apoyo de una mayoría suficiente para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Uno de los últimos en garantizar su voto positivo ha sido EH Bildu tras lograr que el Ejecutivo accediera a varias de sus reivindicaciones, entre las que se encontraba la citada prórroga en el tope los alquileres

El Gobierno incluyó por primera vez esta medida en el plan de choque que puso en marcha a comienzos del segundo trimestre del presente año, poco más de un mes después de que se iniciara la invasión rusa de Ucrania.

Medida trimestral...

Con el fin de paliar los efectos negativos del conflicto bélico en las familias, especialmente en los colectivos más vulnerables, Moncloa aprobó un primer paquete de medidas valorado en unos 16.000 millones de euros del que formaban parte elementos como el descuento de 20 céntimos por litro en la compra de carburante y el citado límite a la subida de los alquileres, en un momento en el que el IPC comenzaba a escalar por encima del 8%.

En principio, el alcance de las medidas era trimestral, pese a lo que ya entonces la estimación de la cifra de ingresos que los propietarios dejarían de percibir se situaba por encima de los 550 millones de euros, según un informe que publicó el portal Idealista.

Una inflación disparada

Conforme ha transcurrido el año y la guerra en Ucrania no ha tenido el carácter breve que se le auguraba al inicio, el Ejecutivo ha prolongado algunas de estas medidas, de modo que la última prórroga conocida llevaba el tope a la subida de los alquileres al próximo 31 de diciembre. 

Por medio, tres meses consecutivos (junio, julio y agosto) con incrementos del IPC en tasa interanual por encima del 10%, lo que ha contribuido a hacer aún mayor el agujero de ingresos para los propietarios de vivienda, en su gran mayoría pequeños tenedores, con menos de seis viviendas en propiedad. 

Leve moderación

Pese a la moderación en el alza de los precios que se ha registrado en los últimos meses, principalmente como consecuencia de las bajadas que se han registrado en los mercados de energía, la tendencia inflacionista sigue siendo muy destacada, como refleja el último dato de IPC, correspondiente a octubre, que se sitúa en el 7,3%.

Las previsiones de diversos organismos internacionales auguran una mayor moderación de los precios en 2023, lo que no quiere decir que las tensiones inflacionistas desaparezcan. Al contrario, las estimaciones apuntan a un IPC medio por encima del 5%, es decir, más de tres puntos superior a la proporción en que podrá revisarse el precio del alquiler a lo largo de todo el próximo ejercicio. 

Menor oferta

A este efecto visible se une otro cuyas consecuencias serán más apreciables a medio plazo, pero comienza a dejarse sentir. Se trata de la reducción de la oferta, provocada precisamente por el hecho de que algunos propietarios comienzan a retirar viviendas del mercado, dado que la extensión del tope a las subidas de los contratos reduce la rentabilidad a mínimos cuando no empieza a ocasionar pérdidas considerables. 

Aun más a largo plazo, el efecto de la inseguridad jurídica también se deja sentir. Un factor que afecta más a los grandes tenedores, compañías inmobiliarias y, sobre todo, fondos de inversión que ven cómo el cambio de las reglas del juego provoca que las cuentas que hicieron en su día cuando apostaron por el sector en España no salen de ninguna manera.

Es cierto que cuentan con una cuota de mercado inferior al 15%, pero la retirada del mercado por parte de algunos de ellos envía señales más que negativas con vistas a la potencial llegada de nuevos actores al mercado.