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Jaume Roures, cofundador y presidente de Mediapro / CG

Nervios en Mediapro: el 'caso sobornos' se pone cuesta arriba

El grupo que preside Jaume Roures digiere mal la imputación de su exCEO, Gerard Romy, y la inclemencia del fiscal del Distrito Este de Estados Unidos

7 min

Nervios en la avenida Diagonal de Barcelona. El Grupo Mediapro ha encajado (mal) la imputación de su exconsejero delegado, Gerard Romy, en el caso sobornos de Estados Unidos, una pata del escándalo Fifagate, cuyo inminente juicio dilucidará si hubo prácticas delictivas en la venta de derechos de retransmisión televivisa y mercadotecnia en el seno y entorno del organismo de gobierno del fútbol mundial. Con lo que respecta al conglomerado que fundó Jaume Roures, el proceso, en el momento actual, entraña dos peligros inmediatos, han alertado fuentes cercanas al caso.

El primer y más acuciante riesgo para la enseña que fundaron Roures y Romy, pero también Tatxo Benet, es la imputación del segundo por cinco presuntos delitos y nueve cargos [ver nota de prensa del fiscal del Distrito Este de Estados Unidos aquí] en el proceso Fifagate. El procesamiento del que fuere mano derecha de Roures rompe la estrategia de Mediapro de alejarse del escándalo de Estados Unidos, que siempre circunscribió a directivos concretos de una filial que ya no existe: Media World. Según fuentes cercanas al caso, Mediapro e Imagina, su cabecera, adoptaron una estrategia de "negarlo todo" desde que estalló el caso en mayo de 2015. En esta lógica de negación se enmarca el plea agreement o admisión de cupabilidad de hechos concretos [consultar nota del fiscal aquí] de julio de 2018. Richard P. Donoghue, letrado del Departamento de Justicia, ha dado un paso más, y, finalmente, ha incoado un auto de imputación que deja en nada el citado non-prosecution agreement acordado en 2018 al detectar, subrayan fuentes jurídicas, falta de colaboración por parte de Mediapro-Imagina.

Lo que sabe Gerard Romy

Precisamente, la no colaboración de algunos de los investigados es lo que habría dilatado las diligencias previas a la apertura de juicio oral, en las que colaboró el Federal Bureau of Investigation (FBI), informan las mismas fuentes. Si Donoghue ha tardado cinco años en presentar cargos es porque los ahora imputados "no colaboraron" y trataron de negar los hechos. En este marco, insisten las mismas fuentes, hay que leer el duro auto de imputación de Romy y los otros coacusados. Cuando el fiscal invoca la ley antimafias  [RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations consultar aquí] lo hace por esta presunta obstrucción de los investigados, agregan las mismas voces. "La no colaboración les ha penalizado", insisten.

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Sede de Imagina y Mediapro en la avenida Diagonal de Barcelona / CG

Hay otro elemento. La imputación de Gerard Romy, exconsejero delegado en Mediapro abre un cisma con Jaume Roures y Tatxo Benet, sus exsocios --Romy dejó el grupo en 2016 y vendió sus acciones a Orient Hontai en 2018--. El directivo, de 65 años y afincado en Barcelona, pensó que el plea agreement negociado por Mediapro-Imagina en 2018 zanjaría el asunto. No fue así: el acuerdo permitió al fiscal seguir investigando, lo que sublevó al ejecutivo. Le enfrentó con Roures y Benet, que lo orillaron de las negociaciones con la justicia. Ahora, Romy se enfrenta a décadas de cárcel si la justicia le halla culpable de los tipos penales que le atribuye la Fiscalía. Una de sus pocas opciones es, ahora sí, colaborar con la justicia y contar el verdadero alcance de la implicación de Mediapro-Imagina en el Fifagate. "Su única opción para salvarse es hablar y colaborar. Hay nervios en la empresa y en la Fifa por lo que sabe Romy. Y lo que podría contar", apostillan las voces consultadas.

La empresa defiende que colaboró

Crónica Global preguntó ayer a la portavocía de prensa de Mediapro cómo afectaba la nueva situación procesal del grupo. La cuestión es apremiante, máxime cuando el pasado jueves declararon por videconferencia ante la juez del caso dos ejecutivos del grupo Fox Sports también acusados en el procedimiento: Hernán López y Carlos Martínez. La magistrada, Pamela Chen, impuso una fianza de 15 millones de dólares (13,7 millones de euros al cambio) a cada uno de ellos. Los dos ejecutivos se declararon no culpables de los cargos que se les imputan, pero la cuantía de la fianza para eludir prisión da cuenta del nuevo rumbo que han tomado las pesquisas en torno a esta pata del Fifagate. Una senda que, de nuevo, es poco favorable a los intereses de Mediapro e Imagina, su matriz.

Anteriormente, Mediapro defendió siempre que "estaba colaborando" con la justicia en Estados Unidos, tal y como recogió este medio. El grupo audiovisual subrayó su "relevante y continua colaboración" con las investigaciones en marcha por el caso sobornos en EEUU. La enseña recalcó también que "la fiscalía destaca y valora su relevante y continua colaboración a lo largo de la investigación gubernamental" sobre "pagos irregulares" que tuvieron lugar "hace más tres años". En una nota en 2018, Mediapro aseguró que el plea agreement ponía también "punto y final" al caso. No ha sido así, y el fiscal ha imputado a su exconsejero delegado. Según las fuentes consultadas, la primera aseveración, la colaboración con la justicia, también dista de la realidad. El avance del procedimiento dirá quién tiene razón.

Esta información se ha elaborado sin la versión de Grupo Mediapro, al no obtener respuesta sobre la información solicitada.

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