El desescalado en el parón laboral ahonda la áspera relación Gobierno-empresarios

La crisis del coronavirus evidencia día a día las notables diferencias que mantienen los empresarios con el Gobierno, que ya tuvieron algunos notables episodios antes de que la pandemia apareciera para cambiar la vida de todo el mundo. El último capítulo ha sido el de la vuelta a la actividad de los trabajadores de sectores considerados no esenciales, un proceso en el que algunas patronales acusan al Ejecutivo de una cierta improvisación y de no contar con los empresarios a la hora de tomar medidas que les afectan de lleno.

Ésa es precisamente la principal queja de llegar desde el ámbito de las grandes corporaciones pero también de las agrupaciones que defienden los intereses de colectivos como las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Muchas de las medidas que ha tomado el Gobierno en el ámbito de la crisis surgida por la expansión del Covid-19 no han sido consensuadas con los empresarios, que apuntan a que de algunas de ellas se han enterado directamente por los medios de comunicación mientras que de otras han sido informados cuando ya estaban decididas y no había posibilidad de dar marcha atrás o de introducir cambios.

Medidas sin consensuar

Después de que el Consejo de Ministros decidiera mandar a casa a los trabajadores de sectores no esenciales durante un periodo de quince días como medida para tratar de frenar el ritmo de contagios, los empresarios manifestaron su descontento por el hecho de no haber sido tenidos en cuenta a la hora de tomar esta decisión que, además, se articulaba a través de un permiso retribuido recuperable cuyo coste corre a cargo de las compañías.

Transcurrido este periodo, el Ejecutivo ha optado por volver al escenario inicial del estado de alarma, toda vez que los datos apuntan a que la medida ha dado los frutos esperados. Pero el retorno a la situación de hace dos semanas también ha generado críticas en el entorno empresarial, que considera que no ha habido suficiente diálogo sobre las condiciones de la vuelta a la actividad de los trabajadores y que, además, la mayoría de las empresas no han tenido margen suficiente para proveer a los empleados de los equipos necesarios ara garantizar su protección contra el coronavirus en su vuelta al trabajo. Este último punto fue admitido este lunes por Íñigo Fernández de Mesa, uno de los vicepresidentes de la CEOE.

Acusaciones cruzadas

En la dirección contraria, algunos miembros del Gobierno han manifestado su descontento en los últimos días al entender que estaban siendo presionados por las patronales para articular el regreso de la actividad económica lo antes posible. Incluso, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, llegó a expresar en público, durante la junta de accionistas que la entidad financiera celebró a puerta cerrada a comienzos del presente mes, su opinión de que había llegado el momento de que aquellos trabajadores con un menor riesgo de contraer el virus volvieran a sus puestos.

También públicamente, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseveró que no iba tolerar injerencia ni presión alguna por parte de los empresarios a la hora de tomar decisiones concernientes al departamento que dirige.

Llueve sobre mojado

Pero este asunto no es sino uno de los muchos que han provocado roces entre ambas partes. Precisamente, a finales de la semana pasada CEOE no acudió a una reunión de la mesa de diálogo social en la que participa el Ejecutivo junto a los sindicatos al considerar que había quedado excluida de las conversaciones en torno al proyecto de renta básica que prepara Moncloa. El vicepresidente del Gobierno para Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, llegó a asegurar que la medida, en la que trabaja personalmente, contaba con el apoyo de la patronal, algo que ésta ha negado rotundamente.

Tanto este plantón como el clima de tensión que está alcanzando la relación entre las partes sorprende incluso en el seno de la propia patronal debido al carácter conciliador y dialogante que se atribuye a su presidente, Antonio Garamendi. Hasta el punto de que, precisamente, algunas de las críticas internas le acusan de ser, en ocasiones, demasiado condescendiente. De esta forma, gestos como el de finales de la pasada semana hace pensar que la situación está cerca de ser límite.

Puentes rotos

Durante las primeras semanas del actual Gobierno, el entendimiento con los empresarios adquirió un carácter incluso prometedor, como prueba el hecho de que el incremento del salario mínimo interprofesional fue abordado con un espíritu de consenso entre las partes. Las fricciones comenzaron a aflorar a la hora de hablar de la modificación de la reforma laboral y algunos de sus aspectos, en los que ambas partes mostraron  su firme decisión de no ceder.

Aunque la crisis del coronavirus ha dejado este asunto en un segundo plano, los roces se han sucedido sin solución de continuidad desde entonces hasta el punto de que, a día de hoy, se habla de un escenario de puentes rotos.