La constructora Trabis suspende pagos

La firma insolvente tiene su sede en Yecla (Murcia), aunque las oficinas centrales radican en Madrid, en el paseo de la Castellana. Trabis tiene en Yecla una planta de producción de prefabricados para la construcción.

Según los últimos balances disponibles, el activo patrimonial de Trabis se cifra en 35 millones. Las deudas se sitúan en 20 millones.

Trabis Edificación Avanzada se constituyó en 1999. En la presente década experimentó una notable progresión y llegó a facturar 50 millones de euros hace tres años, aunque su último registro arroja 40 millones.

El multimillonario promotor Trinitario Casanova adquirió la empresa en 2013 y asumió las máximas funciones ejecutivas. El año pasado, Casanova vendió el 100% de Trabis a su exempleado José Antonio Benimeli Martínez.

Trinitario Casanova ha propinado varios pelotazos sonados en los últimos años. El más reciente, la venta del edificio España de Madrid por 300 millones. En 2008, Casanova fue sancionado con una multa de más de 100.000 euros por difundir rumores falsos relativos a una opa sobre Banco Popular.

Trabis Edificación Avanzada está especializada en el diseño, fabricación y montaje de elementos prefabricados de hormigón para el sector de la construcción, suministrados desde su fábrica muriciana. La firma ha trabajado en obras de edificación industrial, logística, comercial, residencial y agroalimentaria.

Fallido de Oproler

Al margen de este infortunio, el Juzgado Mercantil número 13 de Madrid ha admitido a trámite el concurso de Oproler Obras y Proyectos, constructora que está enfangada en el presunto pago de mordidas a las fundaciones de Convergència. En junio, Crónica Global informó de la solicitud del concurso de Oproler.

El propietario de la compañía, Sergio Lerma, fue detenido en 2017 por la Guardia Civil por los sobornos del 3%. Oproler tenía en nómina a Josep Manel Bassols, al que nombró responsable del negocio en Cataluña.

Bassols fue alcalde de Anglès y jefe de la campaña de campaña de Carles Puigdemont a la alcaldía de Girona en 2010. Está casado con la jueza Núria Bassols. Como instructora en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Núria Bassols archivó la causa contra Ferran Falcó, exresponsable de la empresa de vivienda pública Adigsa, quien estaba acusado de malversación.

Artur Mas nombró a la señora Bassols, tres meses después, comisionada del Programa de Transparencia del Govern. Pero hubo de dimitir a raíz de la detención de su marido y homólogo, Josep Manel Bassols, ejecutivo de la constructora Oproler.