Gordó 'enchufó' a su amigo Bassols en un empresa imputada por el 3%

Con meridiana claridad, el presidente de la constructora Oproler, Sergio Lerma, ha situado al exsecretario de Presidencia de la Generalitat y exconsejero de Justicia, Germà Gordó, como la persona que le ayudó a “desencallar” la “kafkiana” situación de su empresa a la que, por aquel entonces (2010), la Generalitat no concedía ninguna obra pública a pesar de que sus ofertas eran, en muchos casos, las mejores.

Gordó movía los hilos

Lerma, imputado por soborno, reconoció ante el juez de Instrucción numero 1 de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso 3%, que se reunió con Gordó a instancias del tesorero de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), Andreu Viloca. Corrían los primeros meses del 2010. Por aquel entonces, Lerma ya había empezado a pagar donativos a las fundaciones próximas de CDC.

Reuniones en Palau

Fue en una de esas reuniones en el mismo Palau de la Generalitat cuando el entonces mano derecha de Artur Mas le sugirió el fichaje de Josep Manel Bassols como número dos de la compañía.

Lerma declaró que por entonces buscaba un alto directivo para Cataluña y, por ello, le “compró” a Gordó, inmediatamente la propuesta: “Tras dos meses de pruebas le acabé contratando”.

Nombres en clave

Durante el interrogatorio judicial al que Lerma fue sometido en febrero tras su detención, el juez le interpeló por el uso de nombres en clave, una especie de código secreto que el presidente de Oproler y su segundo Josep Manel Bassols utilizaban cuando se referían a políticos de CDC. Lerma explicó que “eso de los motes no era más que un manía” suya .

Al acabar el interrogatorio judicial tomó la palabra el fiscal anticorrupción, José Grinda que arremetió duro contra el constructor a quien tildó de “amigo” de CDC y al que acusa y acusa de soborno y pertenencia a banda organizada.

Fichaje y viento en popa

Meses después de que Bassols fichase por Oproler, la constructora empezó a ganar concursos de GISA (hoy denominada Infraestructures.cat) y se incorporó a diversas UTES que trabajaron tanto para la Generalitat (en centros asistenciales, pavimentación de calles, etcétera) como para la empresa pública municipal de Barcelona, BIMSA, en la época en que CDC gobernaba el ayuntamiento de la capital catalana.

El día 14 de septiembre, Gordó tendrá que declarar en calidad de investigado ante el magistrado del TSJC, Carlos Ramos.