El interrogatorio de los saqueadores del Palau de la Música deja Convergència a los pies de los caballos. El partido de Jordi Pujol, Artur Mas y Carles Puigdemont queda retratado de cuerpo entero ante la faz del pueblo soberano.

Las revelaciones de Fèlix Millet y Jordi Montull ponen negro sobre blanco varias verdades como puños. Primera, que el PDECat --nombre actual de esa formación-- se asemeja bastante a una banda organizada.

Segunda, que el partido lleva al menos un cuarto de siglo dedicado con fruición a desvalijar Cataluña.

Tercera, que el procedimiento cardinal elegido para ello consiste en cobrar mordidas a destajo sobre la obra pública que el Govern y los ayuntamientos de su cuerda adjudican.

Y cuarta, que el gigante del ladrillo Ferrovial, encabezado por Rafael del Pino, untó a CiU durante largo tiempo.

CDC lleva al menos un cuarto de siglo dedicado con fruición a desvalijar Cataluña

A este respecto, es curioso que sólo figuren como acusados un par de cargos de segunda o tercera fila de la compañía madrileña. ¿Alguien puede creer que tales directivos gozaban de facultades omnímodas para disponer del dinero corporativo a su libre arbitrio? ¿Acaso actuaron a espaldas de los máximos responsables y sin su aprobación expresa?

Conviene recordar que las coimas de las contratas en general, y las de Ferrovial en particular, no las sufragan en realidad las constructoras. Éstas las incluyen como un sobrecoste más en sus facturas y las recuperan hasta el último céntimo. ¿Y quién las paga? Pues los de siempre, o sea, la inmensa grey de los contribuyentes.

La cúpula dirigente del partido que toleró semejantes abusos queda a la altura del betún. En 2011, su tesorero Daniel Osàcar acudió a declarar como “investigado”. Lo hizo al modo de los matones, escoltado por Oriol Pujol Ferrusola y el presidente del grupo parlamentario Jordi Turull.

El inefable Francesc Homs dijo a la sazón de Osàcar que era poco menos que un santo varón. Xavier Trias remachó el clavo: “En mi vida he conocido una persona tan buena como él”. Y Artur Mas proclamó con imprudencia supina: “Pongo mi mano en el fuego por su honradez”.

El panorama judicial más inmediato de Convergència es dantesco. Tiene por delante una serie de procesos por gatuperios varios

El panorama judicial más inmediato de Convergència es dantesco. Tiene por delante una serie de procesos por gatuperios varios. El partido y su tesorero afrontan una probable condena en el caso Palau. A su vez, Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega esperan la sentencia del TSJC por la organización del seudo-referéndum del 9N. Por los mismos motivos se juzgó a Francesc Homs, quien ha puesto también sus barbas a remojo.

Asimismo vela armas Oriol Pujol, ante el juicio inminente por las presuntas dádivas que percibió por medio de su esposa en la fuga de multinacionales japonesas y en el turbio escándalo de las estaciones ITV.

Por su parte, la familia Pujol Ferrusola al pleno de sus efectivos --es decir los nueve miembros del clan-- está encartada en la Audiencia Nacional por las multimillonarias cantidades de dinero que mantiene ocultas, tras moverlas por los más insospechados paraísos fiscales. También Mas sabe bastante de tales enclaves, como beneficiario de sendas cuentas opacas descubiertas en Liechtenstein y Suiza.

Por último, en breve ha de verse el tinglado de Adigsa. Es el primero en el que se achacó a Convergència la percepción de primas ilícitas. A la sazón, ascendían éstas a un nada módico 20%. Adigsa, entidad dependiente de la Generalitat, gestiona unas 80.000 viviendas oficiales en Cataluña.

El PDECat es hoy un partido en ruinas que se encamina con paso firme hacia su consunción

El entuerto se destapó en 2005. Se imputó a su presidente Ferran Falcó, diputado de CiU. El sumario recayó en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La instructora Núria Bassols archivó la causa contra Falcó. En recompensa por su faena de aliño, Artur Mas nombró a la señora Bassols, tres meses después, comisionada del Programa de Transparencia del Govern, con un sueldo sobremanera suculento.

Pero duró poco en el puesto. Hubo de dimitir a raíz de la detención de su marido y homólogo, Josep Manuel Bassols, ejecutivo de la constructora Oproler, de Madrid. Se le atribuía el pago de sobornos para hacerse con obras. Núria Bassols regresó al Tribunal Superior. El pasado febrero, la Guardia civil volvió a apresar a Josep Manuel Bassols por los mismos motivos.

Este ciudadano, además de sus ocupaciones profesionales en el ramo del ladrillo, desempeñó la jefatura de campaña de Puigdemont  como aspirante a la alcaldía de Girona.

El PDECat es hoy un partido en ruinas que se encamina con paso firme hacia su consunción. Lo representó todo en Cataluña durante casi treinta años. Ahora anda sumido en un cenagal de corrupción, coronado por el embrollo del Palau.