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Un autocar en una calle de Barcelona / MA

Las exigencias municipales expulsan a los autocares de Barcelona

FECAV, la patronal del sector, lleva al TSJC el nuevo decreto de movilidad al considerar que se extralimita en las demandas tecnológicas a los vehículos

04.04.2019 00:00 h.
5 min

Los responsables de autocares en toda Cataluña han encendido las alarmas ante la nueva regulación municipal de Barcelona, ya que consideran que los expulsará en cuestión de meses de la ciudad. De hecho, se han organizado para litigar contra un decreto municipal que se aprobó en noviembre.

La Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (FECAV) intenta dejar sin efecto esta normativa a través del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno de Ada Colau en el periodo de alegaciones del proyecto, la organización ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo que ahora ha sido admitido a trámite.

Sí a la reducción de emisiones

Fuentes de la organización empresarial dejan claro que comparten la estrategia del consistorio de que se debe avanzar de forma sostenida hacia una reducción de las emisiones contaminantes. Recuerdan que el transporte público es la clave para sacar turismos particulares de las entradas y salidas de la ciudad y que los autobuses y autocares se deben sustituir por modelos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. El choque con el Ayuntamiento viene por las demandas tecnológicas que se hacen para permitir la circulación.

El decreto de la concejal de Movilidad, Mercedes Vidal, obliga a los vehículos de transporte de viajeros a incorporar un “sistema homologado de seguridad de alerta al conductor de la existencia de elementos en ángulos muertos de visión” para circular por vías de dos o más carriles o por las Rondas. La patronal del sector trabaja desde hace semanas con el objetivo de enmendar esta directriz, que no entrará en vigor hasta 2020.

Falta de madurez de la tecnología

Los interlocutores consultados lamentan que “no existen sistemas homologados de este tipo”, por lo que consideran que el consistorio se ha “extralimitado”. Señalan que ni siquiera los modelos más nuevos de autobuses de TMB cuentan con una tecnología de este perfil, la muestra más clara, según su relato, de que el sistema de seguridad que está en el foco de la polémica aún no es una opción madura del mercado.

Sí que han surgido las primeras experiencias en este sentido. Con todo, los mismos interlocutores de FECAV deja claro que no se puede hablar de un sistema homologado como tal y que el coste de su instalación haría inviable el transporte de viajeros. Los responsables de flotas de autocares señalan que la inversión que deberían realizar es tan alta que no les compensa llevar vehículos hasta la ciudad. Especialmente de las líneas que no cuentan con la regularidad necesaria y que solo entran en Barcelona algunos días a la semana.

Los portavoces de FECAV afirman que se "debe impulsar el transporte público colectivo y no poner medidas restrictivas al mismo, pues se trata en definitiva de un medio de transporte que reduce la contaminación y descongestiona las vías de la ciudad de Barcelona". Con todo, piden que las demandas regulatorias "se haga a través de las administraciones competentes" para evitar que "cada ente local nos requiera un nuevo sistema para circular diferente y esto haga insostenible la situación".

Calendario realista

Las compañías se muestran partidarias de avanzar también en las garantías de seguridad activa que ofrecen a los usuarios. Incluso aprueban la petición del ayuntamiento, pero reclaman un calendario más realista que dé tiempo a la popularización y a fijar un estándar en estos sistemas.

El decreto municipal también limita a 60 kilómetro por hora la velocidad máxima de los autocares y les obliga a usar las luces de cruce por las Rondas, así como habilitar su circulación únicamente por el carril de la derecha. Estas demandas no han sido tan polémicas y existe consenso en el sector en adaptar los vehículos que no están preparados a la normativa. La regulación ya ha implicado una primera inversión de los privados.