Los restauradores exigen la congelación de los alquileres para evitar la quiebra

Los restauradores se lanzan a buscar la congelación de alquileres si entra en vigor mañana el cierre gubernativo de bares y restaurantes en Cataluña durante 15 días. El sector exige a la Generalitat, al Gobierno e incluso a los tribunales mediante acciones individuales que activen las cláusulas de fuerza mayor de los contratos para hibernar las rentas e impagarlas por la pandemia sobrevenida.

El asunto del botón nuclear de los alquileres lleva días en el debate político. Lo citaron ayer en público la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el vicepresidente económico del Govern, Pere Aragonès. El titular de Interior, Miquel Samper, confirmó en privado al sector de que impulsarán vía decreto un cambio del Código Civil catalán para activar el principio rebus sic stantibus (estando así las cosas). En virtud de este precepto, los acuerdos de arrendamiento serían inválidos al haber cambiado las condiciones desde que se firmaron.

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Evitar los fondos buitre

La petición de los restauradores va dirigida a blindar la viabilidad de los negocios, que quedarán sin facturar durante 15 días a partir de mañana, cuando ya llevan desde marzo generando cajas mínimas. Ello ha provocado tensiones de tesorería en los negocios, que son, en su mayoría, pequeñas empresas. Congelar los alquileres ayudaría a los establecimientos.

Máxime cuando, en privado, el Govern admite que la mayoría de impuestos al sector "no son de su competencia". Pone el Ejecutivo como ejemplo las tasas de basura, el canon del agua o el impuesto de bienes inmuebles (IBI). O los gravámenes estatales. Ante ello, el equipo de Aragonès se compromete solo a "presionar" para conseguir vacaciones fiscales durante el parón. En cuanto a los créditos, la Generalitat negocia moratorias para prolongar las carencias del ICO y hará lo propio con el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

Gobierno y particulares, en marcha

De hecho, el Gobierno ya prevé la paralización de contratos por causa sobrevenida. Lo hace en la Ley 3/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la administración de Justicia, aprobada en septiembre. El texto establece que, en tres meses, el Gobierno presentará a las comisiones de justicia del Congreso de Diputados y Senado la posibilidad de incorporar en el régimen jurídico de obligaciones y contratos el principio de rebus sic stantibus.

Por su parte, los operadores también se han movilizado. Según informa Fecalon, algunos locales de ocio nocturno ya han interpuesto acciones legales contra su desahucio con un argumentario que cita esta cláusula. El sector lleva cerrado desde el 24 de julio por, también, orden gubernativa.