La discoteca Atlántida Barcelona, que ha terminado en colosal caso de presunta corrupción / Cedida
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La juez prorroga otra vez la instrucción del 'caso Marina Besòs'
La magistrada alarga a 2023 la fase preparatoria del procedimiento en el que están imputados dos exalcaldes de Sant Adrià: Jesús Canga y Joan Callau
4 julio, 2022 00:00El juzgado de Instrucción número 2 de Badalona se ha dado más tiempo para examinar los posibles mimbres delictivos del caso judicial que afecta al fallido proyecto de una macrodiscoteca Atlántida en Barcelona, el llamado caso Marina Besòs. La titular de la sala ha prorrogado el tiempo de la causa hasta enero de 2023, en la enésima demora de un caso de presunta corrupción que lleva años embarrancado, y que salpica a dos exalcaldes de Sant Adrià de Besòs por el PSC: Jesús Canga y Joan Callau, ambos imputados.
Joan Callau, alcalde de Sant Adrià de Besòs, en una imagen corporativa / AJSAB
Es lo que se desprende de un auto reciente al que ha tenido acceso este medio, y que consigna que la juez alarga la fase de obtención de hechos de un procedimiento que se declaró causa compleja. Es por ello que lleva años varado en los juzgados de Badalona y ha resistido a diversos cambios de magistrado y a la entrada de la Fiscalía Anticorrupción, que ahora ejerce de acusación.
Cinco años después
El retraso de la causa es evidente en algunas de las diligencias practicadas. Al mismo tiempo que prorroga la preparación del juicio oral, si lo hubiera, la magistrada ordena incorporar a la causa el material informático intervenido a uno de los afectados, el empresario Carlos Díez.
Ello pese a que los discos duros y ordenadores con contenido fueron aprehendidos en 2017. Llevan cinco años en manos de los investigadores, pero no ha sido hasta ahora que la autoridad judicial los suma al procedimiento para su examen.
Presunta corrupción
Un caso que trata de dilucidar si hubo presunta corrupción al transformar un complejo de piscinas municipales de Sant Adrià en una discoteca ilegal que operó bajo la marca Atlántida, y que explotaba una sociedad vinculada a Martín Ferrer, dueño de Amnesia Ibiza y rey de la noche española.
La causa implica a 14 personas, incluidos Canga y Callau --acusados de presunto fraude, malversación y prevaricación-- y exconcejales y técnicos municipales y del extinto Consejo Comarcal del Barcelonès. De hecho, su exgerente, Jaume Vendrell, también figura como investigado. Todos ellos son políticos del PSC pasados a segundos rangos o, en el caso de Canga, jubilado.
Hasta el Govern
El caso, uno de los durmientes en el escenario judicial catalán, salpica hasta al Govern, por cuanto hay tres arquitectos del Departamento de Territorio imputados, como explicó este medio.
La transformación de las piscinas en L'Atlàntida requirió un cambio de uso que tuvo que contar con la aquiescencia de los técnicos de la consejería que en aquel momento pilotaba el exconseller Joaquim Nadal, también del PSC, pero que abandonó el partido en 2015 para sumarse al procés independentista.
Martín Ferrer vuelve, pero a Sitges
Con el presunto trato de favor político investigado por los tribunales, el supuesto beneficiado, Martín Ferrer, ha regresado a su Cataluña natal --Grupo Amnesia centra su negocio en Ibiza-- para acometer otro proyecto: la nueva L'Atlàntida Sitges, a imagen y semejanza del que operó hasta 2012, momento su cierre.
La discoteca en preparación se presenta como uno de los mejores beach clubs de Cataluña, aunque ecologistas y vecinos se oponen por el impacto urbanístico y los posibles problemas de ruido. La polémica inversión está sobre la mesa del Ayuntamiento de Sitges, en manos de ERC.
