Las cárnicas catalanas mantienen su gran negocio pese a la ‘macrorregulación’ laboral

La industria cárnica genera unos 8.000 millones de euros de volumen de negocio en Cataluña, según las principales patronales del sector, Anice y Fecic. Estas cifras superan la media española y evidencian el peso del sector en Cataluña y en el conjunto del país. Si Cataluña contribuye al PIB general en torno al 19%, en el caso de las cárnicas supera el 30%. Los 26.000 millones que factura en el conjunto de España supone el 2,2% del PIB global.

Es una de las principales industrias nacionales y los datos del primer semestre del año demuestran que ha resistido el cambio más transcendental que las empresas del sector han tenido que hacer frente en los últimos años, la macrorregulación laboral de los falsos autónomos. Los grandes márgenes con que trabaja el sector y el aumento de la demanda del mercado chino explican cómo las cárnicas han resistido sin despeinarse el aumento de costes laborales que ha supuesto trabajar dentro de la ley. 

Inspección de Trabajo inició hace dos años una oleada de expedientes que han terminado por acabar con una práctica extendida en todo el sector. La externalización del trabajo de despiece mediante cooperativas de trabajadores que actuaban en falso, ya que a nivel empresarial se aplicaban las ventajas fiscales reconocidas en este tipo de mercantiles sin que los beneficios laborales que también conllevan llegasen nunca a trabajadores.

Adiós a la protección

De hecho, los sindicatos llegaron a denunciar situaciones que rozaban la explotación que fueron ratificadas a posteriori por los servicios de inspección de trabajo de Cataluña, coordinados con el ministerio, dado que el fenómeno se producía en toda España.

Los mismos interlocutores ven en este cambio de tercio de la inspección la necesidad de recaudación de las arcas públicas en un momento de estrés para las cuentas de la Seguridad Social. Aunque otras fuentes señalan que tiene un origen político por la pérdida de poder de los sectores de CDC vinculados al negocio que hasta entonces habían frenado todas las iniciativas de la inspección en Cataluña.

Regularización de 2.500 trabajadores

Sólo en Cataluña implicó que más de 2.500 trabajadores cooperativistas hayan pasado al régimen general. Es en esta comunidad donde se encuentra el caso de la compañía que se usa como referencia para explicar la transformación de la industria cárnica en el territorio, el de Grupo Jorge. Igual que sus principales competidores, se trata de una empresa familiar con una gestión y unos resultados que nunca ha divulgado. Los Samper empleaban de forma habitual los servicios de 1.600 cooperativistas que se demostró que estaban contratados por una sociedad que retorcía la legalidad; o sea, que trabajaba ilegalmente.

Fuentes de UGT, el sindicato que se implicó en la batalla judicial en la compañía junto a CCOO, señalan que para ahorrarse una sanción que podría llegar a los 50 millones de euros por las cuotas a la Seguridad Social impagadas que la Inspección de Trabajo había podido demostrar más las sanciones por cada uno de los 1.600 empleados, decidieron sentarse con los representantes de los trabajadores. La dirección empezó a negociar cómo se reconocía la relación laboral que mantenía con los afectados. También actuó la Generalitat como mediador, ya que una de las contrapartidas que reclamó la cárnica era conseguir permisos urbanísticos para ampliar su explotación.

Casos de casi explotación

Durante el proceso de negociación, que estuvo marcado por el conflicto laboral, se reconoció que en algunos mataderos y salas de despiece se usaba como mano de obra a trabajadores que no tenían los permisos laborales en regla y que se obligaba a todos los empleados a adquirir sus herramientas de trabajo. Finalmente, los Samper dieron su brazo a torcer y decidieron crear la sociedad Axparia, una compañía de nuevo cuño donde dieron de alta al régimen ordinario a todos los falsos cooperativistas.

Sala de despiece de una de las industrias cárnicas de Mercabarna / CG

Esta fue la génesis de un nuevo conflicto laboral y de la ruptura de la unidad de acción entre UGT y CCOO en la crisis de las cárnicas. UGT, cuya portavoz en el sector es Alicia Buil, rechazó de frente este modelo y exigió que fuera el propio Grupo Jorge el que asumiera la nueva masa de trabajadores y que se les aplicase el convenio laboral de la compañía. Llegó a presentar 12 denuncias contra la compañía y reclamó unas elecciones sindicales. Esta organización las montó en la planta de Mollerussa (Lleida) y CCOO en Santa Eugènia de Berga (Girona) y en Vic. 

Subrogación a Grupo Jorge el 1 de julio

Tras la designación de los representantes, se instó una demanda por cesión ilegal de trabajadores ante la Inspección de Trabajo que sentó por segunda vez a la mesa de negociación a los Samper. Consiguieron entonces un compromiso por escrito de que este lunes, 1 de julio, los 1.600 empleados se subrogarían con la antigüedad intacta de Axparia a Grupo Jorge.

Para asegurar que cumplirán con el acuerdo, los negociadores de UGT decidieron hacer oídos sordos a la reclamación de que se retirase la denuncia presentada. Buil explica que si los dueños de la cárnica actúan según lo previsto, los inspectores deberán archivar directamente su demanda al no existir ninguna causa objetiva para que prosiga. Es su salvaguarda en el caso de que se quiera romper el acuerdo.

Especialización de las cárnicas

Grupo Jorge es la industria menos especializada de todo el territorio, señalan otros interlocutores del sector. Su exportación es testimonial y sus productos se destinan casi a la totalidad al mercado interno, hecho que les permite ser menos exigentes con el trabajo que se hace durante los despieces.

La delegada de UGT apoya esta tesis. Indica que las ventas internacionales han sido cada vez mayores y que esto ha propiciado una transformación de las plantillas, donde la figura del empleado que se encarga del despiece es cada vez más apreciado. Destaca que en Japón, el primer mercado de la carne de porcino catalán, se piden unos cortes muy específicos del animal que requieren una formación específica. Algo parecido a lo que ocurre con los productos que van a parar a China, una zona que dominaban de forma tradicional los vendedores holandeses pero que la crisis de la peste porcina que se vive desde principios de año ha dado alas a las firmas catalanas.

Vall Companys, Cañigueral y otros

Firmas como Vall Companys se han enfocado mucho más a la venta exterior, aunque no se han librado de las regulaciones. En su caso, contaban con unos 400 falsos cooperativistas repartidos en varias sociedades en Cataluña. No todos ellos han sido reconocidos como trabajadores de la compañía principal, hecho que también ha generado otro conflicto. 

Instalaciones de Costa Brava Foods, una de las empresas del Grup Cañigueral / GRUP CAÑIGUERAL

Grupo Cañigueral, que factura más de 800 millones, es otro de los que también se ha avenido a adaptar a su plantilla. Sí que arrastra un conflicto judicial abierto, el que estaba declarado en Terfrisa antes de que la adquiriese en febrero de 2018. Aún no lo ha solucionado. 

Batallé y Noel Alimentació son las otras dos grandes cárnicas que trabajan en la región. Las primera está especializada en productos premium y la segunda en procesados. Las fuentes sindicales consultadas indican que también usaban falsas cooperativas y que han tenido que pasar al régimen general a estos trabajadores, pero sin que esto haya producido un conflicto laboral. Han sido procesos internos y negociados con los sindicatos.

Más exportaciones

La peste porcina en China ha propiciado que las granjas de ese país deban sacrificar a los animales afectados y son las industrias especialmente del área de Girona las que han mandado cerdos hasta los comercios locales. Esto, según las fuentes empresariales consultadas, ha limitado en gran medida el impacto de la macrorregulación laboral.

Los últimos datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo mostraban como sólo durante abril las exportaciones que se registraron en Girona alcanzaron los 511,8 millones de euros, el 23,6% más que en el mismo mes del año anterior. A nivel anual, sumaron 1.855 millones de euros, casi el 8% más que en los cuatro primeros meses de 2018. Esto se apoya, precisamente, en la industria agroalimentaria y supone un rara avis en un momento de desaceleración del ritmo de ventas internacionales de productos industriales debido a la batalla comercial.

Optimismo moderado

Idescat, por otro lado, muestra que las exportaciones de carne y restos animales alcanzaron las 1.277.535 toneladas en 2018, una cifra inferior a las registradas durante 2017 y 2016 (1,3 millones y 1,28 millones, respectivamente), pero que aún se mantienen en la cabeza del comercio agroalimentario de toda Cataluña.

Los empresarios muestran un optimismo moderado con la marcha del negocio en el ejercicio en curso. Han asumido el impacto económico de regularizar a sus respectivas plantillas con toda la mano de obra real que requerían. Con todo, la actividad sigue siendo rentable y mantienen su alto nivel de beneficios. Cifras que, de nuevo, los empresarios se resisten a divulgar.