La encrucijada legal de la Cámara de Comercio de Barcelona

La anulación del decreto que reguló las elecciones de la Cámara de Comercio de Barcelona en 2019 ha sumido la institución en una encrucijada legal. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ratifica un posicionamiento previo del Supremo, deja en el aire la legalidad de los polémicos acuerdos adoptados por la entidad de dinamización empresarial local en su último pleno.

Es más: la resolución del alto tribunal abre la puerta incluso al nombramiento de una gestora por orden de la Generalitat que pilote la Cámara hasta la próxima llamada a las urnas. Si es que estas elecciones no se adelantan para dar cumplimiento a lo resuelto por los magistrados, algo que por el momento ha descartado la Consejería de Empresa.

Escenarios judiciales

Fuentes jurídicas dibujan varios escenarios tras el pronunciamiento judicial. El más probable pasa por la enmienda del decreto de convocatoria electoral y el posible nombramiento de una administración provisional hasta la celebración de los próximos comicios. Este proceso podría coincidir en el tiempo con la jornada electoral prevista en mayo de 2023.

Mònica Roca, presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona, durante su intervención en la manifestación de la ANC de este domingo en Barcelona / ANC

Desde el entorno de Staff Pavillon, la compañía que recurrió el decreto electoral que ha concluido en el auto firme del TSJC, reconocen que estudian la petición de ejecución de dicha resolución. Cualquier paso en este sentido añade más presión al departamento de Empresa ya que, como órgano vigilante de la corporación de derecho público, es quien debe decidir qué pasos da para cumplir el mandato judicial. El gobierno autonómico es el actor que tutela las 13 cámaras de comercio catalanas desde la última reforma normativa de estas organizaciones, tal y como ha aclarado un portavoz del Ministerio de Industria a consultas de este medio.

Impugnación de los acuerdos

Por otro lado, varios miembros del pleno analizan si el nuevo escenario que ha dibujado la sentencia del TSJC ha lugar a impugnar las decisiones del pleno --destacan la adhesión al Consejo por la República del fugado Puigdemont, la reducción de las llamadas sillas de plata y la retirada de la corona del escudo institucional--. Si es que la actuación del equipo directivo de la entidad, liderado por la candidatura independentista Eines de País patrocinada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), conculca el "criterio de prudencia" que debería observarse tras la interlocutoria.

"A partir de ahora todas las decisiones son impugnables. La resolución demuestra que en 2019 se vulneró la seguridad del voto, que se cometió por tanto un delito", señalan los mismos interlocutores jurídicos. Por ello, "las decisiones que se deriven no están sujetas a un principio de legalidad" y se puede dar una batalla tras otra en los tribunales para anular sus efectos.

La pelota, en el tejado del Govern

Más allá del marcaje jurídico a la Cámara, la Generalitat también tiene mucho que decir. De entrada, dispone de dos meses para publicar la resolución en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) y elaborar un nuevo decreto de convocatoria electoral que sustituya al anulado por la justicia. Desde el departamento aseguran que ya están en ello. 

El consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent / EUROPA PRESS

Tal y como publicó Crónica Global, la consejería limita los efectos materiales de la sentencia a la elaboración de un decreto que corrija los defectos de la norma anterior. "Hace falta precisar que ni esta interlocutoria ni el pronunciamiento inicial del TSJC sobre este caso hace ninguna mención al proceso electoral ya celebrado o a su resultado", señalaron los portavoces del área de gobierno encabezada por Roger Torrent (ERC). Esta decisión ha generado malestar entre los críticos por el uso político que hace la ANC de la Cámara de Barcelona. "Si anulas la ley electoral, se afecta al procedimiento electoral", señalan. 

Una entidad ideologizada

Consideran que la actuación de la última semana de la cámara, que ha ahondado la ideologización de la entidad, urge aún más al Govern a asumir una actitud proactiva en el contencioso. "La Generalitat puede mantener un marco de inseguridad jurídica o puede decidir que en la comunidad haya seguridad jurídica para saber que las elecciones se harán con reglas del juego claras y ciertas", resume de forma contundente otro de los críticos. 

Señalan que tanto el TSJC como el Supremo han inadmitido a trámite todos los recursos presentados por la Generalitat, una enmienda a la estrategia del Govern para blindar a la ANC al frente de la entidad económica a pesar de las trampas que se ha certificado que hubo en los comicios de 2019. Por ahora, la consejería gana tiempo.