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Damià Calvet (2i), el consejero de Territorio que gestiona la liquidación de ATLL por parte del Gobierno catalán / EFE

El consorcio de ATLL plantea llevar al Gobierno catalán ante la justicia internacional

La sociedad encabezada por Acciona choca con la Generalitat en sus pretensiones económicas para salir de la compañía, aunque mantiene el diálogo abierto con el Ejecutivo

09.01.2019 00:00 h.
4 min

La nueva guerra del agua en Cataluña podría llegar a los tribunales internacionales. Así lo plantea el consorcio que mantiene la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL), un grupo encabezado por Acciona junto a las familias Rodés y Godia-Torreblanca además del fondo de inversión Pioneer Point Partners. Fuentes conocedoras del órdago judicial que empieza a tomar forma indican que existen suficientes motivos para alegar que ha existido una vulneración de los derechos de los inversores.

Señalan que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decretó en un auto publicado a mediados de noviembre que se el contrato del servicio es “anulable” y no “nulo de pleno derecho”, un cambio que no es precisamente menor. En el primero de los casos se puede reclamar una indemnización económica tras la decisión del licitador de anular la concesión y en el segundo no se otorga este derecho, ya que se considera que por diferentes motivos el contrato no ha existido.

Problemas en la licitación

Es este extremo el que defiende la Generalitat. Asegura que el TSJC anuló toda la concesión de ATLL por los errores en el concurso público de 2012 y que el Tribunal Supremo avaló esta decisión después (es decir, la primera guerra del agua en Cataluña). Además, mantiene que hasta la fecha la justicia catalana no ha enmendado este extremo de forma expresa.

Sí que corrigió su primera pretensión en el plano económico al tomar el control público de ATLL. La comisión liquidadora de la consejería de Territorio reformuló la compensación y pasó de reclamar 38 millones de euros al consorcio liderado por Acciona a reconocer que tenía que pagar 56,86 millones. Una cifra que aún está muy alejada de los 1.037 millones que reclama la aún concesionaria del servicio por anular un contrato que debía perdurar 50 años. Esta cifra contempla el lucro cesante, otra indemnización que el Ejecutivo catalán rechaza de frente.

Efectos del conflicto internacional

Las posiciones están enrocadas, pero los afectados indican que existen “negociaciones, conversaciones y diálogos” para intentar encontrar una vía de resolución del conflicto que evite un nuevo periplo judicial. Esperar a la resolución del TSJC y a una posterior confirmación del Supremo, además de la causa que se podría abrir en instancias como el Ciadi.

Se advierte de que llegar este escenario seria muy negativo para la imagen de la Generalitat, ya que se situaría en el bloque de los países que requieren árbitros internacionales por la falta de seguridad jurídica. Un tiro en el pie en un momento en el que incluso se intentan poner de nuevo en marcha las emisiones de deuda pública catalana para distanciarse de forma definitiva del FLA.

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