Un trabajador revisa el motor de un vehículo en la ITV
Cataluña liberalizará las ITV: más empresas, menos esperas y flexibilidad de precios
El Govern desbloqueará el sector con un modelo que topa tarifas y fuerza la apertura de estaciones más allá de Barcelona
El último en intentarlo fue el 'Tripartit' y su reforma naufragó en los tribunales
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Cataluña desempolva la carpeta maldita de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). El Govern de Salvador Illa ultima en su fase final una nueva regulación del sector, que se encuentra en el limbo desde que los tribunales tumbaron la reforma del Tripartit y ésta se enmarañara en la corrupción de la conocida como trama de las ITV.
Tras cerrar la fase de consulta pública, los departamentos de Empresa y Trabajo, y el de Territorio, mantienen reuniones con el sector para compartir el anteproyecto de ley y enviarlo al consejo técnico, paso previo a su aprobación: primero en el Consell Executiu y, después, en el Parlament.
La conselleria de Miquel Sàmper ha diseñado una liberalización que dejará de topar el número de empresas que se reparten el mercado y flexibilizará los precios para que estas compitan entre sí, ha confirmado Crónica Global.
También impondrá condiciones, como una tarifa máxima y el requisito de abrir estaciones en zonas menos rentables.
Problemas crónicos
La nueva regulación buscará resolver los problemas crónicos de las ITV en la región. Esencialmente, la falta de competencia --Applus hoy aún concentra la mitad del mercado-- y la poca disponibilidad de citas, lo que lastra al negocio del transporte de mercancías.
La última vez que Cataluña trató de regular el sector acabó de la peor manera. La Generalitat aprobó en marzo de 2010 un nuevo plan territorial que ampliaba de dos a seis el número de operadores y fijaba una cota máxima de mercado del 50%, así como una distancia mínima entre estaciones, para evitar monopolios territoriales.
Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2012 y el Tribunal Supremo en 2016 tumbaron el grueso de la regulación por restrictiva y por contravenir la normativa europea. Este bloqueo legal aún congela las autorizaciones y, con ello, la entrada de nuevas empresas y la apertura de centros de inspección, topados en 50.
Compensación territorial
La conselleria de Empresa ha tomado nota del varapalo encajado hace una década para redactar "un nuevo marco legal, estable, completo y alineado con el derecho europeo", explican fuentes del departamento.
Se trata de un "modelo de acceso libre con ponderación territorial", diferenciándose del sistema totalmente abierto de la Comunidad de Madrid por imponer condiciones.
Si bien cualquier operador que cumpla con los requisitos legales y técnicos podrá pedir una autorización administrativa sin necesidad de ganar una concesión, Cataluña obligará a las empresas que abran una estación en el Barcelonès, el Vallès, el Maresme y el Baix Llobregat a hacerlo también en otra zona menos atractiva, con menor parque automovilístico.
Con este contrapeso al mercado, la Generalitat busca extender la red más allá de la corona metropolitana y mejorar la cobertura en todo el territorio, con ayuda de las estaciones móviles; estas sí seguirán funcionando con concesiones. Algunas fuentes avisan de que este modelo podría saturar municipios pequeños con suelo industrial disponible frente a otros que no lo tienen.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el 'conseller' de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper
Más empresas y centros de inspección
Al crecer de forma paulatina y condicionada, los técnicos esperan que el número de operadores y centros de inspección se ajuste a la demanda real del servicio. Esto ayudará a absorber el exceso de demanda y a reducir los tiempos de espera que sufren los usuarios en las zonas más saturadas.
Yolanda Redondo, secretaria general de la patronal del transporte Transcalit, afirma en conversación con este medio que la lista de espera para pasar una inspección alcanza las cuatro semanas, lo que fuerza a aparcar los camiones demasiado tiempo, más aún si se les encuentra alguna deficiencia.
La saturación también supone una amenaza para la seguridad en la carretera: el 37% de los camiones que circulan por Cataluña tienen la ITV caducada, según datos del Servei Català de Trànsit (SCT).
Logo de Applus
El colapso, enquistado tradicionalmente en Barcelona, "ya se extiende a Tarragona" e incluso empuja a las empresas a pedir cita en otras comunidades, en concreto Aragón, por su cercanía, agrega Redondo.
¿Qué dice la Generalitat? "La nueva regulación propone un modelo que permite la entrada de nuevos operadores y una adaptación ágil a las necesidades del servicio, garantiza la cobertura territorial y genera un impacto económico, social y ambiental positivo".
El anteproyecto también contempla la creación de estaciones específicas para vehículos de transporte de pasajeros y de mercancías, atendiendo así a las peticiones del sector. Hasta 11 entidades presentaron alegaciones durante la fase de consulta pública.
Los precios bajarán en Barcelona
Pese a la liberalización del servicio, los precios no se regularán por la oferta y la demanda. Las empresas tendrán flexibilidad para competir ajustando sus precios según la estación, pero la Administración catalana seguirá imponiendo una tarifa máxima que ningún operador podrá superar.
El anteproyecto mantiene el precio topado en 45 euros, aunque elimina la obligación de aplicar la misma tarifa en toda la red. Así, pasar la ITV costará a los conductores en las zonas más pobladas unos 30 euros, cifra que se acercará a la cuota máxima en el resto, pronostican los técnicos.
Un trabajador revisa un coche en la ITV
Liberalización con condiciones
En este sentido, voces del sector destacan que otros modelos totalmente libres, como el de la comunidad madrileña, generan tarifas más altas.
Además, la libertad de establecimiento que reina en regiones como Madrid y que deja en manos del mercado la apertura de centros hace disminuir el número de ITV negativas. Los inspectores, al competir por la misma clientela, rebajan la exigencia de los controles, un efecto indeseable que la Generalitat ha tenido en cuenta para el diseño del plan.
Esta opción de mercado totalmente libre ha sido descartada porque provocaría una concentración masiva de estaciones en las áreas metropolitanas rentables, dejaría sin servicio a las comarcas menos pobladas --como la llanura de Lleida o las comarcas centrales-- y podría reducir la calidad de las inspecciones.
