Otro de los centros de Clínica Bofill
Clínica Bofill niega irregularidades pero oculta por qué le ha quitado los poderes al gerente
Juan Bautista Ortega dejará de tener firma autorizada después de la crisis que vive la compañía por las presuntas malas praxis financieras destapadas por una auditoría interna
La dirección del grupo Clínica Bofill ha emitido este sábado un comunicado para desmentir la información publicada por Crónica Global acerca de los movimientos internos en la empresa por la aparición de preseuntas irregularidades, que han terminado por apartar de sus funciones al gerente, Juan Bautista Ortega.
"Tanto la dirección del Institut Secular d'Operàries Parroquials Magdalena Aulina, propietario del centro, como la dirección del grupo Clínica Bofill desmienten rotundamente a la información aparecida en las últimas horas en algún medio de comunicación digital", señala una escueta nota, referida a la información de este diario.
La empresa asegura además que el centro médico "mantiene su estructura directiva y médica sin cambios y trabaja para proporcionar la mejor asistencia posible a nuestros pacientes, como lleva haciendo desde hace décadas".
No obstante, Clínica Bofill no aclara por qué le ha sido retirada a Ortega su condición de apoderado, tal y como figura en un asiento registral publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Revocación mercantil
En la nota, se hace constar la revocación de tal condición con efectos de la fecha 31 de diciembre de 2025. Pero no es el único detalle de este asiento que ilustra los cambios que se han producido en la compañía durante las últimas semanas.
Junto a la revocación del gerente también figuran los nombramientos como apoderados mancomunados de Alberto Pulido, consultor inmobiliario y senior advisor en Capital Markets; y Jordi Valle Sureda, ejecutivo con amplia experiencia en dirección general, dirección financiera, control de riesgos y en la implementación de sistemas de gestión y contables en grupos empresariales de la provincia de Girona.
Desajustes
De acuerdo con la información de este medio, la labor de Ortega se encuentra bajo sospecha por la aparición de indicios de mala praxis en la gestión económica del grupo, lo que motivó la apertura de sendos procesos de auditoría tanto interna como externa.
Las sospechas se centran en presuntas facturaciones cruzadas a empresas vinculadas, posibles irregularidades en la adjudicación de obras y en los supuestos desajustes entre determinados niveles de gasto y los salarios declarados.
Estas cuestiones han llevado a Magdalena Turon Rabassedas, administradora única de la sociedad, a suspender cautelarmente de sus funciones a Ortega.
