Montaje de la Clínica Bofill y Juan Bautista Ortega
Intervienen Clínicas Bofill y apartan a su gerente por presuntas irregularidades
Una auditoría interna destapa supuestas anomalías económicas y ha hecho que la propiedad tome cartas en el asunto para activar una auditoría externa y reforzar los controles societarios
Contenido relacionado: Padrós deja el Colegio de Médicos tras una fallida investigación de Anticorrupción
La Clínica Bofill de Girona, uno de los grupos sanitarios privados más relevantes de la demarcación, vive un terremoto interno.
Los propietarios de la compañía han decidido apartar temporalmente al director general, Juan Bautista Ortega, después de que una auditoría interna destapara presuntas irregularidades en la gestión financiera, según ha podido saber Crónica Global.
Estas sospechas provocaron una pérdida de confianza por parte de la administradora única de la sociedad, Magdalena Turon Rabassedas, lo que ha desencadenado la suspensión cautelar de Ortega.
Indicios de mala praxis
Fuentes del entorno de la sanidad catalana confirman esta decisión excepcional, que se interpreta como un movimiento para proteger la institución, mientras avanzan las investigaciones interna y externa.
Turon, que ostenta la máxima responsabilidad societaria de forma intermitente desde 2013, habría decidido retirar poderes operativos a Juan Bautista Ortega tras constatar indicios suficientes de mala praxis en la gestión económica del grupo, gestionado históricamente por el núcleo familiar Ortega–Til.
Imagen de una de las clinicas Bofill
Pérdida de confianza en el núcleo familiar
Fuentes conocedoras de la crisis explican que Turon ha perdido la confianza en la gestión de los Ortega–Til, que han concentrado durante más de 15 años las funciones ejecutivas clave del grupo: dirección general, finanzas, contrataciones, adjudicaciones de obras y validación de pagos.
Las sospechas se centran en presuntas facturaciones cruzadas a empresas vinculadas, posibles irregularidades en la adjudicación de obras y en los supuestos desajustes entre determinados niveles de gasto y los salarios declarados.
Dos apoderados mancomunados
Tras las primeras conclusiones de la auditoría interna, se activó una auditoría externa ad hoc para reconstruir la trazabilidad de contratos, adjudicaciones y facturación.
Como medida de contención, Turon ha impuesto un régimen de apoderados mancomunados para impedir que cualquier decisión estratégica o económica pueda tomarse de manera unilateral.
Junto al propio Ortega, ahora apartado, el pasado 24 de noviembre se incorporaron Alberto Pulido Rica --consultor inmobiliario y senior advisor en Capital Markets-- y Jordi Valle y Sureda --ejecutivo con amplia experiencia en dirección general, dirección financiera, control de riesgos y en la implementación de sistemas de gestión y contables en grupos empresariales de la provincia de Girona--.
Una medida que, en la práctica, supone un cortafuegos contra el uso discrecional de los poderes ejecutivos que el núcleo Ortega–Til había acumulado.
La dimensión del caso
Según confirman las fuentes consultadas, CatSalut ha sido informado formalmente de la situación y sigue de cerca la evolución del caso.
![Anticorrupción de Mossos d'Esquadra, registrando la sede de Ambulancias Egara](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2024\/10\/29\/politica\/897170443_13647277_320x180.jpg"])
No obstante, aunque se trata de un grupo sanitario acreditado en Cataluña, todo su capital es privado y, por lo tanto, la Administración no responde de las presuntas irregularidades.
Hermetismo
En paralelo, este medio no ha podido confirmar si ya se han emprendido acciones legales por la vía penal o administrativa o si, por ahora, se está intentando solucionar por la vía interna.
En este sentido, las fuentes consultadas aseguran que están gestionando la crisis con absoluto hermetismo para evitar un impacto reputacional mayor.
De hecho, fuentes del sector admiten que en el ecosistema sanitario gerundense existe un pacto tácito para no sacar este asunto a la luz, al menos mientras la auditoría está en curso y la nueva estructura de control intenta estabilizar la institución.
¿Qué se investiga?
Las sospechas apuntan a relaciones económicas opacas con determinados proveedores de mantenimiento, iluminación, obras y otros servicios.
Asimismo, se han detectado patrones repetitivos en las adjudicaciones realizadas en varios centros del grupo —entre ellos los de Girona, Olot, Figueres, Platja d’Aro y Empuriabrava— que podrían evidenciar falta de concurrencia competitiva.
Uno de los centros de Clínica Bofill en la provincia de Girona
También se investigan pagos y circuitos de validación con escaso control interno, posibles beneficios indebidos o comisiones ligadas a reformas, y desajustes significativos entre el nivel de vida de algunos directivos y sus salarios declarados.
Todo ello está en fase de acreditación documental, con revisión de facturas, contratos, trazabilidad interna y órdenes de pago.
Radiografía del Grupo Clínica Bofill
El origen del grupo se remonta a los años 30, cuando la entidad que hoy es conocida como Clínica Bofill nació en Girona bajo la denominación histórica de Clínica Sant Narcís.
Con el paso de las décadas, ese proyecto sanitario local evolucionó hasta convertirse en una red privada de referencia en la provincia, expandiéndose más allá de la capital y asentándose en múltiples localidades de la demarcación.
Hoy Clínica Bofill opera —además del centro principal en Girona— una gama de clínicas y centros asistenciales en municipios como Figueres, Platja d’Aro, Empuriabrava y Olot.
Esa diversificación territorial y funcional (hospital, especialidades, atención ambulatoria, etc.) refuerza su papel como uno de los actores privados más relevantes en la sanidad catalana de carácter concertado o privado.
![El 'exconseller' Boi Ruiz, el exdirector del CatSalut, Josep Maria Padrosa y Francesc Brosa](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/05\/16\/politica\/1003742658257_14592345_320x180.jpg"])
En el plano societario, la estructura del grupo ha incluido a lo largo de los años múltiples sociedades vinculadas: clínicas satélite, sociedades de servicios, sociedades logísticas y de gestión, lo que ha permitido integrar bajo un paraguas corporativo toda la cadena asistencial, desde la prestación directa de servicios hasta la gestión administrativa, de compras, obras y mantenimiento.
El núcleo Ortega–Til
La crisis se centra en una estructura de poder históricamente concentrada en el núcleo familiar Ortega–Til. Aunque la propiedad recae en la administradora única, Magdalena Turon Rabassedas, las funciones ejecutivas clave del grupo han sido monopolizadas durante más de 15 años por Juan Bautista Ortega, como director general, financiero y comercial, y por su cónyuge, Asunción Til, como responsable del área financiera.
Esta estructura se extendía a la segunda generación, con Raúl Ortega Til como personal adjunto y Raquel Ortega Til como responsable del centro de Figueres, consolidando una gobernanza muy centralizada.
Esta fusión de poder, sumada a la existencia de un entramado de múltiples sociedades vinculadas para servicios y obras, ha sido señalada por la auditoría como la causa de la ausencia de segregación de funciones, riesgos de conflicto de interés y opacidad.
Otro de los centros de Clínica Bofill
El giro societario y los nuevos controles
Durante al menos la última década, los asientos en registros oficiales documentan una práctica habitual de auditoría externa. La sociedad figura con encargos de auditoría confiados a firmas como Auditors Girona SL o a otras sociedades de auditoría, lo que da cuenta de una voluntad formal —o al menos registrada— de someter las cuentas a revisión externa.
Sin embargo, el último cambio societario registrado en diciembre de 2024 —con el nuevo nombramiento de Magdalena Turon Rabassedas como administradora única— marcó un punto de inflexión.
Ahora, con la suspensión de Ortega, la activación de auditorías y la llegada de una estructura de control reforzada, Clínica Bofill entra en una fase de transición delicada, en la que deberá reconstruir su gobernanza y determinar el alcance real de las presuntas irregularidades.
