Montaje con uno de los establecimientos de Beatriz Hoteles y los logos de las firmas Cuatrecasas y LexAudit / CG
El golpe legal a Cuatrecasas y LexAudit frustra la operativa para controlar empresas
El fallo de la Audiencia Provincial de Las Palmas podría sentar jurisprudencia sobre el uso improcedente de recursos para forzar la homologación de planes de reestructuración de compañías en delicada situación financiera
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El cambio de manos de la compañía Beatriz Hoteles, a través de la homologación del plan de reestructuración presentado por un grupo mayoritario de acreedores, va camino de sentar un precedente que podría obstaculizar otros procesos de semejante índole. Especialmente, en lo que se refiere a la estrategia seguida por fondos de inversión, con el apoyo del despacho Cuatrecasas y la firma LexAudit.
Aunque la reestructuración de Beatriz Hoteles ya fue homologada hace algunas semanas por el juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, el fallo de la Audiencia Provincial de esta demarcación constata el uso inapropiado de instrumentos judiciales para conseguir este objetivo.
El hotel Beatriz Playa, en Lanzarote
La resolución de esta instancia no supondrá con casi toda seguridad que el fondo británico Blantyre Capital vaya a tener que renunciar a la participación mayoritaria de Beatriz Hoteles que ha conseguido por la citada reestructuración. Pero, a buen seguro, hará más difícil que la maniobra seguida en esta operación se pueda repetir.
La Audiencia Provincial de Las Palmas se ha pronunciado sobre los recursos que en su día planteó Blantyre, con el asesoramiento de Cuatrecasas, contra la resolución del juzgado de lo Mercantil número 2 de esta capital, que había considerado "aventurado" asegurar la existencia de sobreseimiento generalizado en los pagos por parte de Inparsa, la anterior propietaria de Beatriz Hoteles.
Sin embargo, mientras tenía lugar este proceso judicial y sus respectivos recursos, Blantyre inició en paralelo un nuevo proceso de homologación que, finalmente, ha resultado satisfactorio para sus intereses.
El dictamen de la Audiencia Provincial de Las Palmas determina que el modo de proceder de Blantyre supone un abuso de derecho procesal. Y esto por iniciar una solicitud de homologación idéntica a la que había sido rechazada y que estaba en proceso de resolverse.
En resumen, utilizar un mecanismo legal, pero de forma improcedente, para cuestionar un auto definitivo.
El paralelismo con Celsa
Con vistas al futuro, este precedente podría sentar jurisprudencia y complicar de aquí en adelante este tipo de procedimientos. Tras la homologación del plan de reestructuración de Beatriz Hoteles, no fueron pocos los que establecieron el paralelismo con el caso de Celsa, en el que también intervinieron Cuatrecasas y la auditora LexAudit en apoyo de los fondos acreedores.
En el sector financiero llegan incluso a calificar de sistemática la colaboración y la operativa de estos actores a la hora de abordar empresas con una situación financiera delicada.
Inquietud financiera
Fuentes financieras apuntan que la ley avala reestructuraciones forzosas de firmas endeudadas pero que quieren pagar. En algunos casos, incluso cuentan con planes definidos para atender el coste de la deuda.
Beatriz Hoteles es la segunda compañía en problemas financieros en la que interviene un fondo de inversión con Cuatrecasas y LexAudit al alimón. El sector bancario teme que se vuelva "algo habitual y repetido" para conquistar el accionariado de empresas en apuros con una inversión más reducida de lo que tocaría por el volumen de títulos.
La sede de Cuatrecasas en el 22@ de Barcelona
En este sentido, fuentes jurídicas señalan que la aplicación de la nueva normativa concursal es aún relativamente reciente, por lo que su escaso recorrido ha impedido que, hasta ahora, se haya generado jurisprudencia. La actual Ley Concursal entró en vigor tras el verano de 2023. Apenas publicada en el BOE, los acreedores de Celsa iniciaron el proceso de homologación del plan de reestructuración, que terminó por darles el control en detrimento de la familia Rubiralta, fundadora de la siderúrgica.
"A partir de ahora, con resoluciones como esta, los accionistas de empresas en apuros contarán con un aval de la Justicia para oponerse a determinadas prácticas; ya no se trata de opiniones de parte ni provenientes de expertos sino que una Audiencia Provincial ha establecido una determinada práctica como un abuso procesal", señalan desde un despacho especializado en concursal.
![Oficinas del grupo Celsa / CELSA GROUP](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2015\/02\/04\/business\/8509364_622554_320x180.jpg"])
Por su parte, fuentes de Blantyre Capital insisten en que la resolución de la Audiencia Provincial de Las Palmas no se pronuncia sobre la validez de la homologación del plan de reestructuración de Inparsa.
"No altera, ni puede alterar, la sentencia firme homologando el Plan de Reestructuración promovido por Blantyre", señalan en una nota remitida a los medios de comunicación.
Poner coto
El fondo recuerda que el pronunciamiento de la Audiencia Provincial conocido este jueves se refiere al archivo de la primera homologación, la presentada ante el juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas. Al iniciarse un nuevo proceso (ante el juzgado número 3) y lograr con él los objetivos de los acreedores, Blantyre desistió del original.
De ahí que la resolución vaya a ser más importante con vistas al futuro y la puesta en marcha de determinadas prácticas. Con el transcurrir de los casos y el tiempo de vigencia de la Ley, la Justicia parece dispuesta a ponerles coto.
