Foment del Treball durante la presentación del Informe

Foment del Treball durante la presentación del Informe Andrea Madina

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Foment del Treball reclama un sector público más eficiente y colaborativo ante el reto de la transformación tecnológica

El Informe del 'Institut d'Estudis Estratègics' propone renovar el talento público, crear un consorcio de datos y reformar la contratación para impulsar empleo de calidad

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El Institut d’Estudis Estratègics (IEE) de Foment del Treball ha presentado este lunes el segundo volumen del estudio Crecimiento empresarial y buenos lugares de trabajo: El papel del sector público, un documento que analiza cómo la Administración puede convertirse en un motor de productividad, cohesión social y bienestar ciudadano.

Economía competitiva y cohesionada

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball Nacional, ha subrayado, en primer lugar, que la colaboración público-privada es esencial “para una economía más competitiva, productiva y socialmente cohesionada”, recordando que en los próximos 10 años casi la mitad de los funcionarios españoles y un 30% de los catalanes se jubilarán. “Esta renovación, junto con la irrupción de la inteligencia artificial, representa una oportunidad histórica para modernizar nuestras administraciones”, ha afirmado.

Por su parte, Jordi Alberich, vicepresidente coordinador del think tank, ha contextualizado que el trabajo está orientado a fomentar el empleo de calidad. “La inteligencia artificial no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para mejorar la eficiencia y el servicio al ciudadano”. 

Acciones concretas

En su intervención, Felip Puig, exconseller de la Generalitat de Cataluña, exdiputado del Parlamento catalán, miembro de Convergència Democràtica de Catalunya y actual miembro del IEE, ha destacado la “pluralidad ideológica y técnica” que caracteriza el IEE y ha defendido la necesidad de “revalorizar el trabajo como eje de cohesión social y dignidad”. Según Puig, el actual proceso de transformación económica y tecnológica exige un sector público que actúe no solo como regulador, sino también como impulsor del cambio productivo.

En su opinión, las sociedades occidentales corren el riesgo de caer en una “economía de bajo coste” que agrave las desigualdades, y es responsabilidad tanto del sector público como del privado revertir esa tendencia garantizando mejores condiciones laborales y una distribución más justa de la riqueza.

Reforzar el sector público

El estudio reúne 31 propuestas concretas distribuidas en 10 ámbitos de actuación para reforzar el papel del sector público como catalizador del crecimiento y la calidad del empleo. Entre las ideas más destacadas, el miembro del IEE ha subrayado la conveniencia de crear un consorcio de datos compartido entre las administraciones y el sector privado, con el objetivo de aportar inteligencia a la toma de decisiones públicas y mejorar la coordinación tecnológica.

Renovación generacional

Asimismo, también ha abogado por aprovechar la renovación generacional que supondrá la jubilación del 30% de los empleados públicos catalanes para incorporar nuevos perfiles con formación tecnológica, capaces de liderar la digitalización de las administraciones.

Otra de las líneas de trabajo planteadas el Informe y transmitidas por Puig pasa por reformar los procesos de contratación pública, sustituyendo la lógica de la subasta por precio por una que priorice la calidad, la innovación y el valor añadido de los proyectos, garantizando que las ofertas económicas no se basen en rebajas salariales a los trabajadores, sino en mejoras de eficiencia y productividad. En este sentido, ha definido que la contratación pública debe convertirse en una palanca de mejora del empleo y de la competitividad empresarial.

Simplificación de la burocracia

El documento también propone simplificar la burocracia administrativa, extendiendo la ventanilla única empresarial y generalizando el uso de declaraciones responsables para agilizar trámites y atraer inversiones. A ello se suma la necesidad de avanzar hacia una interoperabilidad tecnológica entre administraciones, que garantice la coordinación y la descentralización a la vez, y de impulsar una regulación más flexible y orientada a resultados, centrada en la transparencia y la eficacia, evitando los excesos de control que ralentizan la gestión pública.

Durante el acto –que también ha contado con la participación del director del gabinete de presidencia de Foment, Jordi Casas, y la coordinadora económica, Ana Julia Cura– Puig ha insistido en que estas medidas no pretenden configurar una nueva reforma estructural de la administración, sino acciones concretas y realistas que permitan modernizar el sector público y convertirlo en un verdadero aliado del desarrollo empresarial y del empleo de calidad. “Si logramos que la administración aproveche la revolución digital y la renovación del talento, podremos mejorar la productividad y reducir desigualdades. Esa es la mejor forma de construir una sociedad más justa y cohesionada”, ha concluido.