Un vehículo de Cabify Europa Press
Cabify se desmarca de Uber y se acerca al Govern
Fuentes próximas a la compañía señalan que la normativa presentada el mes pasado en el Parlament, lejos de resolver el problema, agravaría la movilidad en Barcelona
Las mismas alegan que el modelo de Cabify genera empleo local y advierten que, de aplicarse la normativa, más de 4.000 personas perderían su trabajo en la comunidad
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Cataluña prepara una nueva ley del taxi que busca excluir a las VTC, es decir, a los servicios de empresas como Cabify y Bolt. Entre sus medidas más destacadas, obliga a que los vehículos sean contratados dos horas antes y que cada viaje dure una hora como mínimo, limitando la operativa del sector. En este contexto, fuentes cercanas a Cabify reconocen la importancia de "cuidar la profesión", pero se desmarcan de otros aplicativos como Uber: recuerdan ser una plataforma local --con presencia física en Barcelona-- e inciden en que la ley dejaría en la calle a 4.000 personas en la comunidad.
La denominada Ley de Transporte de personas en Vehículos de hasta nueve plazas pretende reducir a las VTC a servicios discrecionales (viajes interurbanos), así como promover una movilidad más sostenible en todo el territorio.
El trámite para su aprobación comenzó el pasado 25 de septiembre, cuando los grupos del PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP registraron de forma conjunta la iniciativa en el Parlament.
En respuesta, Unauto, la patronal de las VTC (vehículo de transporte con conductor), ya avanzó que emprendería acciones legales si la ley sale adelante el próximo año.
Mayor control
Además de las medidas mencionadas, la nueva regulación establece otros requisitos, como la acreditación de catalán B1, la geolocalización obligatoria (mediante control remoto) y el mantenimiento de la prohibición de captar clientes en la calle.
En la misma línea, las licencias VTC no se renovarán a medida que vayan caducando. Solo se concederán permisos temporales si los taxis no pueden cubrir la demanda. De hecho, el próximo año se anularían 600 de las 900 licencias actuales en Barcelona, es decir, dos de cada tres VTC.
Movilidad
Frente a esta situación, desde el entorno de Cabify señalan que su plataforma --fundada en Madrid en 2011-- ha ayudado a modernizar la movilidad urbana y a generar empleo para mil personas en España.
También aclaran que están presentes en un país de Europa y en cinco de Latinoamérica, por lo que no pueden compararse con Uber, que está presente en más de 70 países. En España, la compañía cuenta con varias oficinas y bases en distintas, entre ellas, en Barcelona.
Cierra filas
Por otro lado, recuerdan que gran parte de la flota de Cabify es eléctrica, que cumplen con sus obligaciones tributarias y que sus servicios están adaptados a distintas necesidades.
Por ello, apoyan la apuesta por vehículos eléctricos y consideran "adecuada" la obligatoriedad de la lengua catalana, ya que, a su juicio, los servicios de transporte deben estar adaptados a la cultura y al conocimiento de la ciudad.
Barcelona, punto estrátegico
Por otro lado, las mismas voces señalan a Barcelona como un mercado estratégico y consideran que el debate sobre esta normativa representa “un punto de inflexión”, pero también una oportunidad para repensar la movilidad en la ciudad.
Lamentan que esta ley deje a la capital catalana muy por detrás de otras ciudades europeas. Según sus cálculos, Barcelona cuenta con apenas 3 o 4 taxis o VTC por cada mil habitantes, frente a otras grandes urbes como París o Londres, que disponen de 13 o 14 vehículos, es decir, cuatro o cinco veces más.
Por último, indican que las VTC no representan un conflicto con los taxis y que el sector requiere de mejoras para reforzar su profesionalización.
Demandas
Por su parte, los taxistas de Barcelona han celebrado la nueva ley del taxi, al considerarla una medida que pone "orden" en un sector que, según ellos, ha quedado afectado por prácticas injustas y la presencia de fondos buitre.
Se oponen a las VTC porque las perciben como competencia desleal en trayectos urbanos, dado que estas operan con mayor flexibilidad y pueden ofrecer tarifas más bajas que los taxis tradicionales.
Además, señalan que las VTC no están sujetas a la misma regulación municipal, lo que genera desigualdad, y temen que su proliferación sature el mercado, afectando ingresos y la calidad del servicio.
Posición
Pese a ello, las VTC ya han alertado de que la nueva regulación podría recortar en un 30% la oferta de transporte urbano en Barcelona. También advierten de un posible aumento de la especulación con las licencias de taxi y de un impacto directo en la facturación del sector, que en algunos casos ronda los 10.000 euros mensuales.
Los VTC no compiten con el taxi, "lo complementan”, defienden las compañías, haciendo un llamamiento a los partidos para que reconsideren sus planes.
¿Cuál es la diferencia entre un taxi y una VTC?
En Cataluña, los taxis operan bajo una regulación municipal, lo que implica que sus tarifas, horarios y zonas de servicio están controladas por el ayuntamiento correspondiente. Todos deben contar con un taxímetro, identificación visible, seguro obligatorio y cumplir con requisitos de seguridad y accesibilidad.
Por su parte, los VTC funcionan bajo una licencia diferente, otorgada por la administración autonómica o nacional, y no pueden captar clientes directamente en la vía pública. Su servicio debe reservarse con antelación mediante una aplicación.
Precios desorbitados
Las licencias VTC son limitadas y se obtienen presentando la documentación requerida, que incluye registro fiscal, seguro de responsabilidad civil, características técnicas del vehículo y pago de tasas. Debido a la escasez de nuevas autorizaciones, muchas de estas licencias se adquieren en el mercado secundario, comprándolas a propietarios existentes.
En Cataluña, su precio en este mercado suele oscilar entre 45.000 euros y 120.000 euros, según el portal Asesoría VTC.
Por otro lado, las licencias de taxi dependen de la ciudad y de la demanda del mercado. En Barcelona, por ejemplo, su precio puede llegar a 140.000 euros, aunque en ocasiones puede dispararse a precios desorbitados en páginas de segunda mano como Wallapop.
Estas licencias también son limitadas y reguladas por los ayuntamientos, lo que significa que su número es restringido y no se emiten nuevas autorizaciones con frecuencia.