Imagen del presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu
Las Cámaras catalanas aprueban la propuesta de una futura ley que fijará su financiación
- Según el presidente del Consejo General de Cámaras de Cataluña, Josep Santacreu, la iniciativa "nos dotará de más seguridad jurídica con una ley actualizada" y "nos aportará los recursos necesarios"
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El pleno del Consejo General de Cámaras de Cataluña, que agrupa a las 13 cámaras de comercio catalanas, ha aprobado por unanimidad este miércoles la propuesta de texto de la futura Ley de Cámaras que fija su financiación y la relación con la Generalitat.
El texto se ha aprobado en una sesión que ha contado con la presencia del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, según informa el Consejo en un comunicado.
"Reivindicación histórica"
La finalidad del texto, según la nota, es "poner fin a un déficit de más de diez años", después de aprobarse la Ley Básica 4/2014 sobre las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, en la que Cataluña no ha dispuesto de una ley autonómica propia que fije la financiación y relación entre la Generalitat, como órgano tutelar, y las entidades camerales.
El presidente del Consejo General de Cámaras de Cataluña, Josep Santacreu, ha celebrado la aprobación de la propuesta de ley como "un paso adelante para hacer realidad de una vez por todas una reivindicación histórica de las Cámaras de Comercio".
"Más seguridad jurídica"
El texto es fruto de la "interlocución llevada a cabo durante el último año para conseguir el consenso con las principales patronales catalanas", según informa el Consejo de Cámaras.
Según Santacreu, la propuesta "no sólo nos dotará de más seguridad jurídica con una ley actualizada a los tiempos actuales, sino que nos aportará los recursos necesarios para poder cumplir con garantías nuestras funciones ante el tejido empresarial catalán".
La aportación de la Generalitat, pendiente de definirse
No obstante, las cámaras de comercio no han precisado cuál debe ser la aportación pública de la Generalitat para compensar las funciones que tienen asignadas por ley las cámaras, que son corporaciones de derecho público.
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La ley estatal aprobada en 2014 dice que las cámaras "tienen como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, así como la prestación de servicios a las empresas que ejerzan las indicadas actividades".
En los últimos años se ha especulado con la posibilidad de que la ley contemplara el pago de una cantidad mínima por elector, es decir, por aquellas personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, inscritas en el censo electoral de estas corporaciones de derecho público, que agrupan a las actividades comerciales, industriales o de servicios de cada demarcación, si bien no ha trascendido el importe que reclamaban las cámaras.
