Los empresarios catalanes reclaman seguridad jurídica y menos impuestos para que las ‘Ibex’ sigan a Cementos Molins

Los primeros regresos de empresas a Cataluña tras la fuga masiva iniciada a finales de 2017 como consecuencia del procés se han visto coronados con el protagonizado por una compañía de gran tamaño como Cementos Molins.

Un movimiento que hace albergar esperanzas sobre el próximo retorno de las corporaciones que encabezaron la huida, muchas de ellas incluidas en el selecto grupo del Ibex 35. Una posibilidad que, sin embargo, no será nada sencilla. Y, a corto y medio plazo, prácticamente imposible.

El empresariado catalán no deja de ver en el escenario elementos que considera incompatibles con una eventual vuelta a las sedes sociales que las grandes corporaciones tenían en Cataluña hasta aquel momento. 

Inseguridad jurídica y alta presión fiscal

Entre estos obstáculos, dos son los más señalados desde los círculos empresariales influyentes: el déficit de seguridad jurídica y una cada vez más asfixiante presión fiscal. 

Fuentes de Foment del Treball, la gran patronal catalana, consideran determinantes ambas cuestiones para explicar por qué el regreso de las compañías que forman parte del Ibex 35 no está ni siquiera planteado en estos momentos en los respectivos consejos de administración. 

La propia organización recibió con optimismo el cambio en el Gobierno de la Generalitat de hace unos meses, con la llegada a la presidencia de Salvador Illa, tras más de una década de mandato de corte nacionalista.

Pese a la positiva sintonía manifestada por ambas partes, los empresarios consideran necesaria una consolidación de este escenario para conformar un entorno mucho más propicio con vistas a una posible vuelta de las compañías.

El lobi que preside Josep Sánchez Llibre, que emitió este martes un comunicado en el que se felicitaba por la decisión de Cementos Molins, también ha manifestado en diversas ocasiones su descontento por la creciente presión fiscal que soportan ciudadanos y empresas en Cataluña. 

Una circunstancia en la que se combinan las políticas del Gobierno central y de la Generalitat y que, en opinión de la patronal, no sólo dificulta un posible regreso de las grandes corporaciones, sino también elementos fundamentales como la creación de empleo y la consiguiente generación de crecimiento y riqueza. 

El paso dado por Molins es relevante y, a buen seguro, podría marcar el camino a seguir para un buen número de empresas de diverso tamaño que decidieron salir del territorio con la estampida de la que se cumplen ahora siete años. Agbar ya dio ese paso en 2018 y hasta ahora ninguna otra gran compañía la imitó. La compañía de gestión del agua, que en 2017 manifestó que su marcha a Madrid era temporal, mantuvo durante todo ese periodo las sedes de sus filiales en Cataluña, donde tenía y tiene gran parte de su negocio.

Mayoría de inversores internacionales

En el caso de las grandes corporaciones, la situación es notablemente distinta a la de Molins; a los factores ya mencionados, en el caso de las empresas Ibex se suma el de su estructura accionarial.

A diferencia de la cementera, de la que la familia fundadora controla en torno a tres cuartas partes del capital, el peso de los inversores institucionales en las grandes empresas es mayoritario.

Con diferente tipología del reparto del capital, la presencia de grandes accionistas internacionales (empresas y fondos de inversión y de pensiones) es muy notable en todas ellas. 

Se dan casos como el de Naturgy, donde los cinco principales accionistas controlan cerca del 90% de los títulos. De ellos, tres son fondos de inversión internacionales y uno es un socio industrial (la argelina Sonatrach). Entre todos suman más de un 60% del capital, frente al cerca del 27% que está en manos de Criteria Caixa, el primer accionista.

Un panorama muy distinto es el de Banco Sabadell, con un capital atomizado, sin accionistas con un peso destacado. Pero, en su caso, el capital internacional también es mayoritario.

En Cellnex, los accionistas más relevantes proceden de destinos tan variados como Italia, Singapur, Canadá y EEUU. En Colonial, cataríes y mexicanos comparten con la citada Criteria las grandes posiciones accionariales del grupo.

"Los grandes inversores buscan, principalmente, estabilidad. Poder mantener sus apuestas a largo plazo en un entorno predecible. Cambios de tanta relevancia en tan corto espacio de tiempo no son la mejor receta para mantenerles como socios", apuntan fuentes del mercado, que también hacen hincapié en la diferente forma de ver el panorama desde el exterior. 

Difícil de entender

"A un gran fondo internacional le va a resultar muy difícil entender aspectos como los relacionados con la situación política en Cataluña. Si tiene que decidir entre intentarlo o abandonar la inversión, optará por lo segundo en la mayoría de los casos, en cuanto tenga la oportunidad de hacerlo", opinan las mismas fuentes. 

Este factor enlaza con el mencionado más arriba sobre la seguridad jurídica. En el mejor de los casos, los inversores necesitarán varios años de estabilidad política en el territorio para no oponerse a revertir el cambio de sede. 

En busca de estabilidad

"En Cataluña hay un Gobierno regional no nacionalista por primera vez en más de una década; el cambio es indudable, pero su estabilidad y durabilidad es más discutible. Lo que nunca podrían hacer empresas con esas dimensiones y estructuras accionariales será cambiar de sede de forma recurrente, ni siquiera con una periodicidad de 15 o 20 años, por ejemplo", señalan los expertos.

En ese caso, su imagen con vistas a la comunidad inversora quedaría muy deteriorada y provocaría incluso fugas de capital.

En los últimos meses ha habido diversos pronunciamientos al respecto por parte de los principales ejecutivos de grandes corporaciones que dejaron su sede en Cataluña. Y todos, en la misma dirección.

Los presidentes de Naturgy y Colonial, Francisco Reynés y Juan José Brugera, respectivamente, han señalado que esta posibilidad ni siquiera ha llegado a la mesa del consejo.

De modo similar ha hablado recientemente el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar; el presidente saliente del banco, José Ignacio Goirigolzarri, ya había asegurado que la sede de la entidad está en Valencia "por tiempo indefinido".

Mientras, Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, ha forjado ya un clásico con una encriptada frase que ha repetido en encuentros con la prensa: "No sé qué tiene que suceder para que el Sabadell vuelva a Cataluña. Pero aún no ha pasado".