Pimec y Uatae declaran como imputados por un presunto fraude en las subvenciones

La instrucción de la causa que se instruye contra Pimec y la asociación de autónomos Uatae por un presunto fraude en el cobro de subvenciones se retoma tras la decisión del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, encargado del caso, de ampliar la investigación hasta el año 2020.

Las primeras diligencias de esta nueva fase de la instrucción incluyen la declaración este martes como imputados de los secretarios generales de ambas patronales: Josep Ginesta, en el caso de Pimec; y María José Carracedo, por parte de Uatae.

Ambas organizaciones están acusadas de articular de forma irregular la unión de sus plantillas con el fin de incrementar las subvenciones a cobrar y también su peso en determinados órganos de representación. 

Para ello, y según la denuncia presentada en su día por la Fiscalía Provincial de Madrid, se sirvieron de un documento falso que supuestamente habría expedido la Generalitat de Cataluña, que daba fe de la fusión de las plantillas. Mediante esta maniobra, habrían logrado percibir 236.000 euros, prácticamente el doble de lo que les correspondería.

Ampliación

Tras la admisión a trámite de la denuncia, la titular del Juzgado de Instrucción, María Isabel Garaizabal, decidió ampliar la investigación para determinar si las organizaciones habrían percibido ayudas también de forma irregular en los años anteriores al referido en un primer momento, que se sitúa a partir de 2021. 

La decisión motivó que las declaraciones de Ginesta y Landaburu, previstas en un primer momento para abril, quedaran aplazadas hasta que la magistrada contara con la documentación que solicitó al Ministerio de Trabajo.

También para este martes está prevista la declaración como testigo del presidente de la patronal de autónomos ATA, Lorenzo Amor. Esta organización fue la que presentó en su día una reclamación ante la Dirección General de Trabajo Autónomo, dependiente del departamento que dirige la ministra y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al considerar que las subvenciones percibidas por Pimec y Uatae habían sido obtenidas de forma irregular.

La decisión de la DGTA se fundamentó en un documento de registro de asociaciones de autónomos de Cataluña, que daba fe de la condición de Pimec como asociación de autónomos. El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo realizó una comprobación con la Generalitat de Cataluña, que negó haber expedido tal documento.

Comprobación y querella

Este hecho motivó que la DGTA pusiera el caso en manos de la Fiscalía Provincial de Madrid, que finalmente interpuso la querella. 

Además de Amor, también está llamada a declarar en calidad de testigo Anais Tomás, en representación del Departamento de Trabajo del Govern.