La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, suma un nuevo frente en su pulso con los agentes sociales de España. El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, le ha parado los pies ante el dedazo de la líder de Sumar para que Pimec y su filial balear, Pimeb, se sienten en el gran organismo consultivo en materia socioeconómica y laboral de España. Y lo ha hecho con su perfil habitual, sin aspavientos ni exposición pública. El reconocido economista se ha limitado a aplicar los estatutos de un ente de derecho público que es independiente del legislativo para aplazar la renovación del pleno hasta, como mínimo, finales de año.
La normativa interna del CES afirma que “cualquier reforma” del reglamento que rige el ente “deberá ser presentada a través del presidente del Consejo, a la Comisión Permanente para su elevación al Pleno”, y determina que serán sus 61 miembros los que decidirán “según el alcance, y el contenido de la misma, bien someterla a debate y votación en sesión plenaria, bien remitirla a una Comisión que se creará específicamente para ello, con la composición que determine el propio Pleno”.
Malestar por las formas de la ministra
La ministra no siguió los preceptos de los estatutos del organismo para aplicar los cambios deseados y, en respuesta, Costas no ha activado la renovación interna del organismo. Ni Pimec ni Pimeb entrarán en el CES si no se renueva el reglamento y se decide o bien ampliar el llamado Grupo Segundo, las 20 sillas que se reparten las principales patronales de España, o ampliar el epígrafe.
El presidente del Consejo Económico Social de España (CES), Antón Costas
Los miembros del Consejo sí han hablado del dedazo de la líder de Sumar, que ha generado un profundo malestar más por las formas que por el fondo, pero sin abordar el proceso tal y como se pretendía desde el Ministerio de Trabajo. Esta ha sido la tónica general del encuentro que se ha celebrado este miércoles.
De este modo, Díaz tendrá que esperar a la renovación del CES prevista para diciembre, unos cambios que sí están marcados por los protocolos de la organización. Será el plenario que se defina entonces el que decida cómo adaptará el reglamento interno para asumir el mandato de la líder de Sumar.
Cambios en el decreto-ley del subsidio de desempleo
Cabe recordar que, para dar entrada a los representantes de Pimec y Pimeb en el CES, Díaz añadió un epígrafe en el real decreto-ley para la reforma del subsidio de desempleo. La norma que se aprobó en el Consejo de Ministros a mediados de mayo.
Señaló que, entre los miembros de las patronales y sindicatos del ente consultivo en materia laboral, estarían “representadas las organizaciones empresariales que gocen de la condición de más representativas a nivel de comunidad autónoma”. Sólo gozan de esta distinción Pimec y Pimeb.
Además, dio de tiempo tres meses para realizar los cambios internos necesarios en el organismo presidido por Costas. A partir de entonces, anunció que el Gobierno “procederá a nombrar, mediante real decreto, a nuevos miembros del citado CES a partir de las propuestas de las organizaciones que acrediten el derecho a formar parte del mismo”.
El rechazo sindical
En su batalla por reformar el CES a su antojo, Díaz no cuenta ni con el apoyo de CEOE ni Cepyme, las patronales con las que está enfrentada y que pierden representatividad con los cambios, ni con la de los sindicatos. CCOO y UGT ya se reparten el poder en este órgano consultivo -se sientan en el Grupo Primero, también con 20 sillas- con las organizaciones autonómicas Euskal Languilen Alkartasuna (ELA) y Converxencia Intersindical Galega (CIG), pero ven con preocupación el precedente que implica el dedazo de Díaz en el apartado empresarial.
Hay consenso entre los representantes de los trabajadores de que si ahora se valida lo que consideran que es una intromisión directa del Gobierno en definir algo tan sensible como el reparto de poder en el órgano donde se debate la idoneidad de las principales políticas laborales de España se crea un precedente pernicioso. “Nadie garantiza que un Ejecutivo cree un sindicato que domine de forma directa” y le dé las llaves de la organización del trabajo, se alerta en un escenario de pesimismo extremo.
Reducción de la jornada laboral
El plantón del CES es un nuevo frente para la ministra de Trabajo, cuyo poder se ha debilitado tras los sucesivos revolcones en las urnas de Sumar. Díaz acumula desencuentros con la patronal en los últimos meses como la propia reforma del subsidio de desempleo o el aumento del SMI y no pasa por su mejor momento en las relaciones con los sindicatos.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llega a una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de junio de 2024
Este es el escenario en el que tiene que sacar adelante una política que ella misma considera determinante para su futuro político, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana. Y, por ahora, no parece que la pueda aprobar con el apoyo de los agentes sociales del país. Como mínimo, los representativos.