Un punto de suministro de agua en una ciudad
El déficit de infraestructuras hídricas urbanas en España llega a los 5.000 millones de euros anuales
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España necesitaría invertir 5.000 millones de euros más al año para poner al día su red de infraestructuras del agua. Así lo apunta el nuevo informe Estimación del déficit de inversiones en el ciclo urbano del agua en España de 2024, en el cual se alerta de problemas como la falta de inversión por parte de las operadoras por causas como, por ejemplo, el estancamiento de las tarifas o la compleja regulación.
El documento, realizado por la consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC), destaca que España tiene un servicio de alta calidad y amplia cobertura del agua en el ciclo urbano gracias, en buena medida, "al esfuerzo y compromiso" de los operadores y su aportación en conocimiento, innovación técnica y profesionalización empresarial. Razones por las cuales se elogia la labor de la colaboración público-privada.
A pesar de ello, el informe alerta de que, desde la crisis financiera del período de 2008 a 2012, esos avances se han ralentizado, y las principales métricas operacionales han dejado de emitir mejora. Algo que, según PwC, se debe a la caída de inversión por parte de las operadoras y la Administración.
Descenso del presupuesto público
Por parte del sector público, las causas han sido múltiples. Por una parte, "la restricción presupuestaria en un contexto macroeconómico complejo"; y, por otra, "el incremento del gasto en otras partidas del Estado de bienestar". Cabe recordar, además, que en los últimos años se ha apostado en numerosos lugares por una gestión 100% pública que, vistos los resultados, se antoja poco exitosa.
A ello se añade la reducción de las transferencias europeas, con la excepción de lo aportado por el paquete de fondos Next Generation de la UE y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español.
Estancamiento de tarifas y legislación difícil
Según PwC, la evidencia más clara de este hecho se aprecia en el bajo nivel de ejecución de los Planes Hidrológicos (PH). En el sexenio 2016-2021, tan sólo se ejecutó el 29% de la inversión total prevista. "Del lado de los operadores, el déficit de inversión se explica por el estancamiento de las tarifas en términos reales, que impiden que el principio de recuperación de costes se cumpla en su totalidad. Ello, a su vez, se debe a un entorno normativo y regulatorio complejo que ha dificultado la inversión", apunta.
Se necesitan 6.200 millones de euros anuales
El ciclo urbano del agua, según la investigación, requiere 6.200 millones de euros al año "para expandir, renovar y mejorar la infraestructura y cumplir los objetivos regulatorios del sector" en España. Las principales partidas serían: 2.600 millones en medidas de expansión de la infraestructura contempladas en los Planes Hidrológicos; 550 millones en nueva infraestructura no recogida en los Planes Hidrológicos; otros 2.600 millones para renovar los activos existentes; y 450 millones para adaptar los activos de depuración a los nuevos requerimientos fijados en la nueva directiva europea.
"Si tomamos como referencia la inversión de los últimos cinco años (2017 a 2022) en el ciclo urbano, que ha tenido un valor medio anual de 1.200 millones, obtenemos un déficit de 5.000 millones anuales. Lograr los niveles de inversión necesarios requieren de una serie de cambios en el paradigma de gestión del agua en España", explica el estudio.
Medidas necesarias
En concreto, se proponen varios tipos de medidas. En primer lugar, aquellas que mejoren la financiación de las infraestructuras. Algunos ejemplos de ello serían: la aprobación de una metodología nacional con los principios para la estimación de las tarifas urbanas; la inclusión de partidas específicas en las tarifas de agua para financiar la reposición de los activos existentes; cambios regulatorios para la flexibilización del modelo concesional; o la creación de un Fondo Nacional del Agua para acciones donde la financiación por medios más convencionales sea difícil.
En segundo lugar, figuran medidas que apoyen la planificación de infraestructuras a nivel municipal. En tercer lugar, se proponen medidas que fomenten mayor eficiencia, como incentivos a la agregación municipal para alcanzar economías de escala. Y por último, se plantea avanzar en la creación de un ente regulador específico para el sector que dote de independencia y mayor carácter técnico a la toma de decisiones en el sector agua.
