“Nadie en la Generalitat sabe nada”: la batalla judicial contra Lafarge suma otro capítulo

La investigación liderada por el Juzgado de Instrucción 27 de Barcelona para esclarecer si la Generalitat de Cataluña prevaricó a la hora de conceder hasta cuatro licencias ambientales a la cementera Lafarge-Holcim de Montcada i Reixac registra un nuevo capítulo. Un episodio que ha estado marcado por la declaración en sede judicial de tres ex altos cargos de la conselleria de Territorio y Sostenibilidad en la etapa del convergente Santi Vila (entre 2012 y 2016).

Así, quien fue la directora de Calidad Ambiental entre 2011 y 2016, Asumpta Farran, y los exsecretarios de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Josep Enric Llebot y Marta Subirà, han declarado este martes en calidad de testigos ante el juez que investiga las supuestas irregularidades en las concesiones de las licencias medioambientales a dicha empresa.

Con este procedimiento se pretende esclarecer si el exdirector del servicio de Prevención y Evaluación Ambiental de Actividades de la Generalitat, Emili Dragone, tuvo un "trato de favor" con la cementera de Montcada a la hora de conceder las autorizaciones, "a sabiendas de que se basaban en informes obsoletos, que no seguían la normativa ambiental vigente", denuncia el abogado Albert Calduch, experto en delitos medioambientales.

La vía penal y la vía administrativa

De este modo, Calduch, que acompaña a los vecinos de Can Sant Joan -el barrio que lleva más de 40 años luchando para cerrar la fábrica-, busca procesar por la vía penal a los responsables de que la cementera Lafarge haya seguido en funcionamiento, a pesar de "no haber tenido nunca una licencia ambiental válida". Y es que, hasta en cuatro ocasiones, el Tribunal Supremo ha anulado las concesiones otorgadas por la Generalitat, obligando a la empresa a cesar con su actividad industrial. Sin embargo, Lafarge, amparada por el Govern, ha seguido activa.

Así, esclarece el abogado, con este procedimiento "no se pretende cerrar la manufactura", esa es una guerra que se disputa por la vía administrativa; sino que el objetivo es "depurar responsabilidades" y esclarecer si los acusados (Emili Dragone y los responsables de Lafarge) cometieron algún ilícito penal a la hora de conceder dichas autorizaciones.

No en vano, Calduch ha explicado, a preguntas de Crónica Global, que antes de presentar la querella de los vecinos, la Fiscalía ya había actuado de oficio y el Juzgado número 27 de Barcelona ya instruía, desde finales de 2022, las preceptivas diligencias para averiguar si la conselleria de Territorio y Sostenibilidad prevaricó.

Prevaricación, falsedad documental y delitos ambientales

En la querella que presentaron los vecinos a principios de 2023, el letrado expuso todos los hechos que podrían ser susceptibles de ser considerados un ilícito tipificado en el Código Penal. Así, más allá de la prevaricación, también consideran que existen indicios de haberse cometido delitos medioambientales y de falsedad documental.

Por supuesto, indica Calduch, en el documento que entregaron al juzgado se detallaban todas las concesiones que la Generalitat ha otorgado a la cementera y que, finalmente, han sido anuladas en última instancia por el Tribunal Supremo.

En especial, se pone el foco en la licencia concedida en 2015 pues, según el criterio del abogado, se basa en informes de 2006: documentos caducados, que fueron usados para conceder la licencia ambiental de 2008. De este modo, añade el letrado, "la Generalitat concedió en 2015 unos permisos que se respaldaron en unos informes antiguos, invalidados por un juez en 2013. La segunda licencia es una réplica exacta de la primera", asegura.

"Nadie sabía nada"

De este modo, el procedimiento por la vía penal, todavía en una fase muy inicial de la instrucción, ha acogido este martes la declaración de tres testigos, cuyo relato se ha basado en asegurar que "nadie en el Departamento sabía nada". Los exsecretarios Josep Enric Llebot y Marta Subirà han asegurado que desconocían por completo todo lo relacionado con la actividad industrial de la empresa y que "firmaban todo lo que les ponían delante" sin leerlo porque "no daba tiempo y confiaba en su equipo".

Por su lado, la que fue directora de Calidad Ambiental ha asegurado ante el juez que le pareció "sorprendente" cómo se tramitó la licencia a la empresa en 2015. No obstante, respecto a quién le afirmó que se podía tirar adelante la controvertida licencia, Asumpta Farran ha señalado al exjefe del servicio de Prevención y Evaluación Ambiental de Actividades de la Generalitat, Emili Dragone (investigado en la causa), a la asesoría jurídica de medioambiente y al gabinete jurídico central del Govern.

En paralelo, Farran también se ha escudado en unos informes jurídicos que se elaboraron en su momento (es decir, 2015) para justificar la actividad de la cementera en materia ambiental.

El cierre de la Lafarge

Los vecinos del barrio de Can Sant Joan de Montcada llevan años luchando para forzar el cierre de la cementera que, desde 2006, además, también hace de incineradora. Para Calduch, la fábrica es "altamente contaminante" y no cuenta con una licencia que le permita seguir operando. De hecho, las últimas autorizaciones han sido recurridas por los vecinos y anuladas por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo.

Es más, el Alto Tribunal ya ordenó el cierre de la Lafarge en noviembre de 2022, cuando desestimó el recurso de casación interpuesto por los letrados de la cementera. De este modo, el tribunal volvió a dar la razón a los vecinos que denunciaron, una vez más, la concesión de una licencia que no seguía la normativa ambiental vigente.

No obstante, en marzo de 2023 la conselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural volvió a otorgar una nueva licencia, alegando que la cementera “cumple con la ley”.

Una década de recurso en recurso

Con todo, el primer varapalo judicial llegó en 2013, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró la nulidad de la autorización ambiental que el Govern concedió a la empresa en 2008. Extremo que el Tribunal Supremo ratificó en 2015, al considerar que, como denunciaron los vecinos de Can Sant Joan, existía un defecto de procedimiento en la tramitación administrativa de la Autorización Ambiental Integrada que el Departamento de Territorio y Sostenibilidad concedió a Lafarge en 2008.  

No obstante, tanto la empresa como la Generalitat se escudaron alegando que la sentencia sólo hacía referencia a un "defecto de procedimiento", sin que se pusiera en duda “el comportamiento ambiental” de dicha cementera, que actúa, además, de incineradora de residuos urbanos.

Ese mismo año, en 2015, el Govern concedió una segunda licencia a la Lafarge: autorización que volvió a ser anulada por el Alto Tribunal. Un procedimiento que se ha repetido hasta en otras dos ocasiones más, con las licencias otorgadas en 2017 y en 2021.