La Fiscalía de Barcelona ha solicitado la admisión de la denuncia al exjefe del servicio de Prevención y Evaluación Ambiental de Actividades de la antigua Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, Emili Dragone, por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgada a la fábrica de Lafarge en Montcada i Reixac (Barcelona).
En el texto de la denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción 27 de Barcelona, la Fiscalía apunta a un presunto delito contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.
Por ello, ha solicitado que se incoe el procedimiento de diligencias previas y, además de pedir tomar declaración al investigado, lo pide también, pero en calidad de testigos, para la exdirectora general de Calidad Ambiental, Assumpta Farran; el exsecretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Joan Enric Llebot; la exdirectora general de Calidad Ambiental, Mercè Rius, y la exsecretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Marta Subirà.
Las actuaciones parten de una denuncia de la Associació de Veïns del barri de Can Sant Joan.
Conocimientos jurídicos
En su escrito, el fiscal explica que Dragone "era el máximo responsable y garante de la correcta tramitación de los procedimientos relativos a la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental y otorgamiento de las autorizaciones ambientales en Catalunya y de sus modificaciones que habían de ser sometidas a la consideración de la Ponencia Ambiental, teniendo aquel conocimientos técnicos, jurídicos y experiencia profesional bastante en esa función pública que le permitían saber en todo momento los pasos legales a seguir en cada supuesto que se presentaba para el estudio y aprobación de ese organismo ambiental, del cual era y es su secretario".
El alto cargo, añade, era conocedor de que el Tribunal Supremo había declarado nula la declaración de impacto ambiental de la cementera efectuada en 2008 debido a que "no fue objeto de publicación a los efectos de que los interesados y afectados pudieran formular alegaciones en relación al contenido de esa DIA con carácter previo al otorgamiento de esa autorización ambiental".
Omisiones
"Se había omitido, pues --añade-- un requisito esencial y de entidad, legalmente exigido, lo cual justificó esa declaración judicial de nulidad de pleno derecho de ese acto de intervención ambiental esencial para el correcto funcionamiento de aquella actividad susceptible de generar contaminación de diversos vectores".
Sin embargo, Emili Dragone, "lejos de promover el inicio de un nuevo procedimiento administrativo de autorización ambiental de la actividad correspondiente a esa empresa cementera, como secretario de la Ponencia ambiental propuso, sin más, la publicación de aquella DIA del año 2008 en el DOGC del 3 de agosto de 2015, abriendo después un trámite de alegaciones y, una vez valoradas éstas con su intervención directa, propuso a la Ponencia Ambiental que la aprobara". Una vez verificada esta aprobación de esa DIA por ese organismo "gracias a la propuesta del denunciado, se otorgó después por el Departament de Territori i Sostenibilitat el 11 de noviembre de 2015 una nueva autorización ambiental".