El pasado 19 de abril, la representante de la cementera Lafarge-Holcim de Montcada i Reixac (Barcelona) y el exdirector del servicio de Prevención y Evaluación Ambiental de Actividades de la Generalitat, Emili Dragone, declararon en calidad de imputados en el procedimiento penal que instruye en Juzgado 27 de Barcelona, y que investiga las supuestas irregularidades en la concesión de licencias medioambientales a dicha empresa. 

Este martes, tres exfuncionarios de la Generalitat han repetido el mismo procedimiento, pero en calidad de testigos. En este sentido, la exdirectora de Calidad Ambiental de la Generalitat (2011-2016) y actual directora general de Energía, Asumpta Farran, ha valorado ante el juez instructor que le pareció "sorprendente" cómo se tramitó la licencia a la empresa en 2015.

Licencias basadas en informes caducados

Así lo ha explicado el abogado de la Asociación de vecinos de Can Sant Joan, que se querellaron por la vía penal contra los responsables de la cementera y el exdirector del servicio de Prevención y Evaluación Ambiental de Actividades. El letrado Albert Calduch ha señalado que Farran "ha reiterado más de cinco veces que la tramitación y cómo se había gestionado este expediente en Lafarge a lo largo de todos estos años era sorprendente".

La que fue directora de Calidad Ambiental ha asegurado que "le sorprende" que la licencia otorgada en 2015 se apoyara en informes de 2006: documentos caducados, que fueron usados para conceder la licencia ambiental de 2008, pero que quedaron anulados por el Tribunal Supremo en 2013. De este modo, añade el letrado, la Generalitat concedió en 2015 unos permisos que se respaldaron en unos informes antiguos, invalidados por un juez. "La segunda licencia es una réplica exacta de la primera", ha asegurado. 

Respecto a quién le afirmó que se podía tirar adelante la controvertida licencia, Farran ha señalado al exjefe del servicio de Prevención y Evaluación Ambiental de Actividades de la Generalitat, Emili Dragone (investigado en la causa), a la asesoría jurídica de medioambiente y al gabinete jurídico central del Govern.

"Firmaban sin leer"

Paralelamente, según ha explicado Albert Calduch a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, Farran también se ha escudado en unos informes jurídicos que se elaboraron en su momento (es decir en 2008 y 2015) para justificar la actividad de la cementera en materia ambiental. Documentos que Emili Dragone ya advirtió en su declaración como imputado que "se están buscando".

Por su lado, los exsecretarios de Medi ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot y Marta Subirà --los otros funcionarios que han comparecido este martes-- han asegurado que desconocían por completo todo lo relacionado con la actividad industrial de la empresa y que "firmaban todo lo que les ponían delante" sin leerlo porque "no daba tiempo y confiaba en su equipo".

Ni contaminación del suelo ni ruido 

En la misma declaración, Farran ha contado que su trabajo era evitar afectaciones de la industria a la población en cuanto a una posible contaminación "atmosférica". Por lo tanto, acerca de la contaminación del suelo de la también incineradora, asegura que ella no era la responsable.

Asimismo, cuando el abogado de la acusación le ha preguntado por un informe del Ayuntamiento de Montcada que alertaba de que la empresa emitía ruidos a un nivel que podía suponer un riesgo para la salud, Farran ha replicado que tenían otro estudio, hecho por una dirección general de la Generalitat, que no apreció riesgo.

El Supremo ordenó el cierre en 2022

Con todo, el cierre de la cementera e incineradora Lafarge en Montcada está ordenado de manera firme por el Supremo desde noviembre de 2022. No obstante, a pesar de los múltiples varapalos judiciales, la empresa ha seguido funcionando, amparándose en la autorización ambiental de 2023.

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