La cementera de Montcada i Reixac ha encajado un nuevo varapalo de la justicia, pero asegura que no cerrará. La empresa que explota la planta, LafargeHolcim, considera garantizada la actividad en su centro barcelonés a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no ha admitido a trámite el recurso de casación autonómico que planteó respecto a la autorización ambiental otorgada en 2017.
En un comunicado, la cementera ha informado de esta decisión judicial pero ha insistido en que la continuidad de la cementera de Montcada quedó garantizada con la autorización ambiental que le otorgó la Secretaría de Acción Climática de la Generalitat el pasado 15 de marzo. En paralelo, la otra parte de la causa, la vecinal, ha celebrado la sentencia con imposición de costas para la compañía y ha recordado que se trata del "último recurso que faltaba para que fuera efectiva la interlocutoria", de modo que supone "un paso más para el cierre de la fábrica".
Colecciona licencias ambientales
"La nueva autorización ambiental de 2023 restableció la situación jurídica de la actividad, enmendó el defecto de forma en el que incurrió la administración con la autorización anterior y regularizó, de manera definitiva, la situación administrativa de la fábrica de Montcada", asegura la compañía. Asimismo, la empresa remarca que continúa la actividad de fabricación de cemento "de acuerdo a la normativa europea, como ha hecho siempre, "y al amparo de la autorización preceptiva".
A mediados de este año trascendió que un juzgado de Barcelona había abierto una investigación a un exalto cargo de la Generalitat, acusado de dar un trato de favor a la cementera Lafarge de Montcada i Reixac (Barcelona) en la concesión de autorizaciones ambientales a la planta, que el Supremo ordenó precintar en noviembre de 2022.
Investigan a cargos autonómicos
El juez admitió a trámite la querella que la fiscalía presentó contra el exjefe de los servicios de prevención de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat Emili Dragone, como cooperador necesario de un delito contra el medio ambiente.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado en varias sentencias las autorizaciones ambientales concedidas por la Generalitat a la cementera, propiedad de la cementera Holcim, porque no se publicitó la declaración de impacto ambiental para que los afectados pudieran presentar alegaciones.