El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido los recursos de casación de Lafarge, el comité de empresa y la Generalitat de Cataluña contra el cierre de la planta de la empresa en Montcada i Reixac (Barcelona), en una resolución consultada por Europa Press este viernes.
Estos recursos se presentaron ante la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de "cierre, clausura y precinto" de la actividad que Lafarge está desarrollando en su planta en la sentencia de octubre de 2021 que anuló y dejó sin efecto jurídico la licencia ambiental otorgada por la Generalitat a la planta.
Falta de fundamento
El tribunal ha apuntado que los tres recursos carecen de la "fundamentación suficiente" y de interés casacional, en sus palabras.
Fuentes de la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat han explicado a Europa Press que esta inadmisión "devuelve los recursos de casación" al TSJC para que resuelva los recursos autonómicos presentados por la empresa y el Govern, que si no prosperan comportarán el cierre de la planta.
Asimismo, han explicado que el Govern está tramitando la legalización de la actividad tras una nueva solicitud efectuada por Lafarge en marzo de 2021.
Orden de cierre aplazada
En febrero, el TSJC ordenó a la Generalitat que adoptara medidas de clausura y precinto de la actividad tras declarar nula la autorización ambiental concedida a la fábrica por parte de la antigua Consejería de Territorio y Sostenibilidad.
Los magistrados aplazaron la orden del cierre definitivo a la espera de que el TS resuelva el recurso de casación presentado contra una segunda sentencia del TSJC, dictada en octubre de 2021, que también declaró la nulidad de esa misma autorización, y que ha sido inadmitido este viernes.
Lafarge instó a la Generalitat a regularizarla
El TSJC recordó que la consecuencia de la anulación de una licencia por sentencia firme "no puede ser otra que la clausura de la actividad", hasta que se obtenga una autorización que garantice la inexistencia de infracciones o se adopten medidas para corregirlas.
Tras conocer la segunda sentencia del TSJC, LafargeHolcim España instó a la Generalitat a regularizar la actividad de la fábrica de Montcada i Reixac para garantizar la continuidad de las 300 personas empleadas por la cementera de forma directa o indirecta, con la tramitación del expediente correspondiente.