Así funcionaba la trama familiar liderada por Miguel Ángel Fraile que ‘mató’ a la todopoderosa Confederació del Comerç

La fiscalía lo acusa de desviar los fondos de garantía que depositaban las academias con las que colaboraba la CCC y usarlos para su beneficio propio y el de su entorno, pese a saber que tenían que ser retornadas íntegramente a los centros de formación.  

El dinero nunca fue devuelto a las academias

Estos fondos procedentes de subvenciones suponían un porcentaje del total que la patronal del comercio pagaba a las academias por impartir cursos de formación. Durante meses o años, el dinero quedaba bloqueado en las cuentas de la organización empresarial de forma que si durante una revisión por parte del ente público que había otorgado la ayuda se detectaba alguna incidencia, la CCC se comprometía a devolverle este importe o, al menos, una parte. De lo contrario, si las academias superaban las inspecciones con éxito, la CCC tenía que devolvérselo

Sin embargo, en la causa judicial, a la que ha tenido acceso Crónica Global, la Policía Nacional desgrana todos los indicios recopilados, que señalan que Fraile presuntamente desvió estos fondos no sólo para lucrarse él mismo, sino para “extender este beneficio a terceras personas de su núcleo familiar”. Así aparece reflejado en el atestado que elaboró la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Nadie fiscalizaba los gastos de Fraile 

Así lo concluyeron los investigadores después de practicar las diligencias oportunas y de tomar declaración a varios testigos clave, entre ellos a la que era la presidenta de la entidad en el momento de la quiebra, María Rosa Eritja. La directiva reconoció al ser preguntada por los agentes de la UDEF que, aunque sabía que Fraile tenía a su disposición una tarjeta de crédito de la entidad, “los gastos y conceptos asociados no eran controlados”.

En la misma línea se pronunció Laura Ibáñez, la que entonces era contable de la CCC, que explicó que los gastos asociados a las dietas y aquellos abonados con la tarjeta de crédito de Fraile “no eran fiscalizados por nadie”. Ella, expresó, se limitaba a anotar en el control contable aquellas facturas aportadas físicamente por él “sin admitir discusión alguna al respecto”.

Además, precisó que el secretario general era el único de la Confederación del Comerç que tenía las claves para acceder a las cuentas de la entidad y que éste se las facilitaba sólo cuando Ibáñez tenía que realizar alguna operación que él mismo ordenaba. 

Fraile controlaba toda la actividad económica de la CCC

De la investigación se desprende que aunque la cuenta en la que las academias depositaban sus depósitos de garantía no tenía ninguna tarjeta de crédito asociada, este dinero fue transferido mediante multitud de movimientos bancarios a otras cuentas bajo la titularidad de la CCC, de forma que la de origen se quedó prácticamente sin fondos. Este dinero “nunca fue retornado a la cuenta de origen”, sostienen los investigadores. 

La UDEF concluyó que el eje central de esta operativa presuntamente criminal lo ocupaba Miguel Ángel Fraile, que controlaba toda la actividad económica de la patronal, ordenando movimientos bancarios que únicamente precisaban de su propia autorización y que se realizaban “sin más control que el suyo propio”. De hecho, él mismo rubricaba las facturas u órdenes que presentaba frente a la única responsable del Departamento Contable de la CCC, “refrendando que todo era correcto”. 

El entramado familiar

En este contexto, precisa la policía, Fraile “podía dirigir y desviar las cantidades que estimase adecuadas para el abono de presuntos servicios prestados por terceras personas y empresas en las que se encontraban sus familiares”. ¿A qué se refieren los investigadores? A la creación de la Asociación de Gabinete Técnico Comercial (AGTC), que fue constituida, entre otros, por Rosa María Serrano, esposa de Fraile, y por el yerno de éste.

La UDEF sostiene que entre la CCC y la AGTC se transfirieron “ingentes cantidades de dinero”. Sólo en 2006 la AGTC transfirió 2.887.0000 euros a favor de la CCC. Ese mismo mes, la CCC devolvió a la AGTC casi 3.400.000 euros.

Entre 2003 y 2014, se transfirieron a la AGTC un total de 3.918.819 euros y desde ésta a la CCC, en el mismo periodo, 8.816.862 euros. Además, la esposa de Fraile cobraba nóminas simultáneas de ambas entidades, pese a que ella desempeñaba el cargo de Directora de Formación de la CCC, algo que la propia policía tilda de “incongruente”. 

Las dietas del yerno

La CCC también traspasó fondos, mediante 15 transferencias bancarias, a TV Sat Gestión, empresa de la que era administrador único el yerno de Miguel Ángel Fraile. Entre 2004 y 2012 TV Sat Gestión recibió de la Confederació del Comerç 252.492,88 euros y entre 2014 y 2015 devolvió a la patronal del comercio 15.600 euros. Cabe destacar que el administrador único, el yerno de Fraile, estaba empleado por la AGTC y que entre 2011 y 2014 se embolsó 68.652 euros en concepto de “desplazamiento”. 

Sin embargo, Eritja, presidenta de la CCC, aseguró durante su declaración ante la policía que veía al yerno y a la hija de Fraile “de manera esporádica” en la entidad, pero que ninguno de ellos desempeñaba ninguna actividad laboral en la Confederació del Comerç, más allá de algún estudio “a favor de la CCC” por encargo expreso del secretario general. 

El cuñado de Fraile

El despilfarro continúa. Entre 2007 y 2012 el Gabinete Serrano, propiedad del cuñado de Fraile (hermano de su mujer), recibió 38.359 euros de la CCC, aunque la presidenta manifestó “desconocer qué trabajo realizaba, pudiendo ser en el ámbito de la gestión pero sin poder asegurarlo”. A éstos se suman 11.785 euros que la CCC cobró al Gabinete Serrano. 

En estas declaraciones queda patente el “descontrol” respecto de la fiscalización de las actividades que se llevaban a cabo para o en el seno de la CCC por personas o empresas que tenían una relación de parentesco con Miguel Ángel Fraile, subraya la UDEF.

Retiradas de efectivo, nóminas duplicadas y dietas 

Desde que el dinero de los fondos de garantía abandonaba la cuenta de origen se hacía un uso “cotidiano del mismo”, incluyendo el pago de las elevadas nóminas del matrimonio (algunas de ellas duplicadas), el pago de plazas de aparcamiento de las que hacían uso personal Fraile y su yerno o la retirada de efectivo en cajeros sin justificación aparente.

A pesar de que en algunas ocasiones el capital fue devuelto a las cuentas de la CCC de forma “directa o indirecta”, los gastos hacían imposible que se pudiesen reintegrar de forma completa el dinero, mermando poco a poco la liquidez de la entidad. 

Esta práctica llevó a la CCC al colapso, pues se quedó sin fondos suficientes como para devolver los depósitos de garantía a los centros de formación. Sin embargo, subraya la policía, las academias, sus trabajadores y los proveedores de éstas no fueron los únicos perjudicados por las presuntas malas artes de Fraile. También lo fueron los propios empleados de la confederación, que estuvieron sin cobrar su sueldo durante siete meses. 

El perjuicio a las academias

Fraile, con la presunta colaboración de su esposa, también acusada, convirtió el pasivo de la entidad en un activo impropio. Lo hizo destinando los fondos de garantía para otros fines distintos a los prefijados, como el pago de “presuntos servicios” prestados por empresas en las que se encontraban sus familiares”, redundando en un beneficio propio. También llegó a invertir, según los investigadores, en fondos de inversión para no poner en riesgo los suyos propios. Todo esto se prorrogó en el tiempo, incluso cuando la CCC ya estaba al borde del colapso y las consecuencias comenzaban a afectar a la plantilla, con el impago de sus salarios.

Después de años de prácticas presuntamente delincuenciales, cuando la CCC ya estaba al borde de la quiebra, Fraile dio la orden de que se destinaran los depósitos de garantía que tenían que devolver a las academias a mantener la estructura general de la confederación.

Esto derivó en el cierre de varios de los centros de formación, que contaban con ese dinero para sostener a su plantilla. Aún así, la CCC acabó en 2016 en concurso de acreedores ahogada por una deuda de 2,6 millones de euros.

Intentó transferirse 30.000 euros

Tras una auditoría en la que se detectaron múltiples irregularidades, Fraile fue despedido de forma fulminante. Pero incluso después de ser apartado de la entidad, el ya exsecretario general “presionó durante un fin de semana a la única responsable del Departamento Contable de la CCC para que trasfiriese 30.000 euros desde una cuenta de la entidad a su cuenta personal, aunque ésta se negó". De hecho, esta cantidad fue destinada finalmente al pago atrasado de los salarios de los trabajadores.

Por todo ello, la Policía Nacional sostiene que Fraile actuó con “desprecio absoluto” a las futuras consecuencias para la confederación que él mismo dirigía y que “expolió” sin reparo alguno sus fondos. Por estos hechos, la fiscalía pide para él ocho años de cárcel por el delito de apropiación indebida o, alternativamente, de administración desleal, mientras que a su esposa la acusa de cooperadora necesaria. Para ella pide seis años de cárcel. Ahora, será el tribunal de la sección 3ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el que tendrá que dirimir si el exsecretario hizo un uso indebido de los fondos de garantía.