Miguel Ángel Fraile se juega ocho años de cárcel por la gestión de la Confederació del Comerç

Miguel Ángel Fraile se enfrenta a ocho años de prisión por la deficitaria gestión que llevó a la quiebra a la Confederació Catalana del Comerç (CCC), entidad que dirigió durante 31 años y que acabó en concurso de acreedores ahogada por una deuda de 2,6 millones de euros.

Fraile y su mujer se sentarán mañana en el banquillo de la Audiencia Provincial de Barcelona acusados de desviar 778.000 euros de los fondos de garantía de las academias de formación que colaboraban con la entidad para pagar, entre otros gastos, sus elevados sueldos.

La fiscalía considera al que fue presidente de CCC hasta 2016 autor de un delito de apropiación indebida o, alternativamente, de uno de administración desleal, mientras que a su esposa la acusa de cooperadora necesaria. Para ella pide seis años de cárcel y una multa de 5.400 euros.

La entidad quebró

Fraile, que también dirigió la Confederación Española de Comercio hasta 2011, fue cesado en 2016, después de que la CCC detectara irregularidades durante una auditoría a sus cuentas. También echaron a su mujer, que en aquel momento ocupaba el cargo de directora del departamento de formación en la entidad.

A pesar de la salida de ambos, el endeudamiento de 2,6 millones de euros llevó a la entidad a presentar un concurso de acreedores tras más de 30 años de gestión de Fraile. 

Dispuso de los depósitos de garantía

La fiscalía sostiene que desde el año 2012 hasta 2016, en colaboración con su mujer, Fraile ideó un plan para quedarse con los depósitos de garantía de las academias que colaboraban con la entidad. 

Según el escrito de acusación, CCC recibía subvenciones por ofrecer cursos de formación. Una vez se adjudicaban los cursos a la entidad esta, a su vez, contrataba a academias o formadores autónomos, con los que firmaba un acuerdo de colaboración y que recibían una contraprestación económica por cada alumno.

El dinero debía quedar en depósito

La CCC abonaba a estos formadores o academias una parte de la contraprestación al inicio y otra al finalizar el curso. Una vez los centros de formación habían cobrado la totalidad del importe, debían ingresar como depósito de garantía en la cuenta corriente de CCC un porcentaje del monto, que inicialmente era del 25 %, después del 10 % y finalmente del 5 %.

Esas cantidades debían quedar depositadas en la CCC, por si durante una revisión por parte del ente público que había subvencionado el curso surgía alguna incidencia que obligara a la devolución del importe cobrado o de una parte.

"Desmesurados sueldos y dietas"

Este dinero, continúa la fiscalía, era un depósito de garantía que tenía que ser devuelto una vez terminadas las inspecciones a las entidades subvencionadas. No obstante, sostiene que Fraile, en colaboración de su mujer, dispuso de estos fondos.

En concreto, los habría usado para "la constitución de avales y a la inversión de fondos de bajo riesgo". También traspasó una parte de este dinero a la cuenta general de la CCC, con la que se pagaron los “desmesurados sueldos y dietas” de él y su esposa, que presuntamente llegaron a disponer de una tarjeta de crédito con la que pagaron diversos gastos.

La entidad se quedó sin liquidez

Cuando llegó el momento de devolver los depósitos de garantía a las academias colaboradoras la entidad no tenía suficiente liquidez para reintegrarlos, lo que provocó un grave perjuicio a los centros de formación y a los autónomos que habían impartido los cursos subvencionados, algunos de los cuales tuvieron que echar el cierre.