Habla una de las academias ahogadas por la quiebra de la Confederació del Comerç: “Tuve que cerrar, se lo han pulido todo”

Ayer martes desfilaron por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Barcelona nueve propietarios de centros de formación que colaboraron con la Confederació Catalana del Comerç (CCC) y que se vieron afectados por la polémica gestión del que fue exsecretario de la entidad durante 31 años, Miguel Ángel Fraile, acusado por delitos de apropiación indebida o de administración desleal.  

La fiscalía pide ocho años de cárcel para él por presuntamente haber desviado hasta 778.000 euros de subvenciones, mientras que para su mujer, que era directora de formación de la CCC, solicita seis como cooperadora necesaria. 

La CCC quedó sin liquidez

Estos fondos procedentes de las arcas públicas suponían un porcentaje del total que la CCC pagaba a las academias por impartir los cursos. Durante meses o años, el dinero quedaba bloqueado en las cuentas de la entidad de forma que si durante una revisión por parte del ente público que había otorgado la ayuda se detectaba alguna incidencia, la CCC se comprometía a devolverle este importe o, al menos, una parte. De lo contrario, si las academias superaban las inspecciones con éxito, la CCC tenía que devolvérselo.

No obstante, la fiscalía acusa al exsecretario de desviar estos fondos para sufragar diversos costes, ente otros “su desmesurado sueldo, dietas y una tarjeta personal”, de forma que, cuando llegó el momento de devolver los depósitos de garantía a las academias colaboradoras, la entidad no tenía liquidez suficiente como para reintegrarlos. La CCC terminó yendo a concurso de acreedores y a la disolución ahogada por una deuda de 2,6 millones de euros, mientras que los propietarios de varios de estos centros formación se vieron obligados a echar el cierre.

“El dinero desapareció”

Una de ellas fue la propietaria de una academia de Blanes que tuvo que bajar la persiana y despedir a todos sus trabajadores tras dejar de percibir diversas cantidades de dinero con las que contaba entre los años 2012 y 2016.

“En el centro de formación ofrecíamos cursos subvencionados de ofimática, inglés, informática y márketing enfocados al comercio”, explica en declaraciones a Crónica Global. El centro asumía la impartición de estos cursos a cambio de una contraprestación económica por cada alumno que asistiera y finalizara el curso, de forma que la CCC abonaba una parte de esta contraprestación al inicio de estas formaciones y la restante cuando finalizaban.

Una vez se había abonado la totalidad de los cursos, la CCC pedía un depósito de garantía (durante los primeros años del 25%, después de un 10% y finalmente del 5%), que la academia tenía que ingresar en un número de cuenta de la entidad y que posteriormente le sería devuelto. Sin embargo, sostiene esta afectada, “en 2016 el dinero desapareció”. 

“Se lo han pulido todo”

Entre varios cursos impartidos entre los años 2004 y 2014, la propietaria de esta academia sostiene que tenía en depósito 108.360,05 euros, cantidad que la CCC nunca le devolvió y que perdió definitivamente tras su quiebra. “Se lo pulieron todo”, alega.

A raíz de estos hechos, la propietaria se vio abocada a cerrar el centro de formación y a despedir a todos sus trabajadores. “Tuve que despedir a cuatro empleados fijos y a 14 profesores, algunos de ellos autónomos y otros con contrato”, recuerda. Para ello, tuvo que cancelar tres líneas de crédito para hacer frente a las indemnizaciones, recuerda. Además de los 108.360,05 euros que nunca recuperó, la dueña de este centro perdió 70.000 euros más entre gastos legales, indemnizaciones y costes del cierre. En total, 178.000 euros.

Ahora, reclama que le devuelvan el dinero que nunca vio de los fondos de garantía. “No quiero ni indemnización ni nada, lo único que pido es que me den los 108.360,05 euros con los intereses de demora”. 

Fraile niega las acusaciones

Por su parte, el ex secretario general de la CCC, Miguel Ángel Fraile, al que esta afectada asegura no haber visto desde la quiebra de la entidad, niega todas las acusaciones.

El lunes, durante el primer día del juicio, negó ante el juez haber cometido las irregularidades que le imputa la fiscalía. Fraile sostiene que durante los más de 30 años que ejerció de secretario general, entre 1995 y 2016, gestionó la Confederació con arreglo a la normativa. 

Una quiebra "fortuita"

En relación a la quiebra, Fraile ha recordado que fue "fortuita" y que no se derivaron responsabilidades. La achaca a un cambio de normativa en las subvenciones para la formación que les generó un problema de tesorería en 2015. Un revés que, según él, ya no pudo subsanar porque lo despideron. 

Sobre su "desmesurado sueldo", el acusado sostuvo que venía fijado por "el presidente y la junta directiva", y que el uso de la tarjeta de crédito personal, que "utilizaba a veces", estaba bajo control contable. De hecho, sostiene que todos los pagos que realizó con la misma se le retiraron de su nómina a posteriori.