Bruselas cerrará el grifo de los fondos a España si se multa a las empresas por no mover la sede a Cataluña

La posibilidad de que la propuesta de la formación que lidera Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y prófugo de la justicia, se incluyera en las cesiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez para lograr su apoyo en el Congreso ha generado cierta alarma en círculos empresariales, que han optado por moverse con celeridad y poner sobre aviso a los correspondientes lobis en Europa.

Un pilar básico de la Unión

No obstante, el clima es de tranquilidad y más después de haber recibido algunas impresiones desde Bruselas, que coinciden en señalar que una eventual normativa que supusiera un límite a la libre circulación de personas, físicas y jurídicas, y de capitales en el territorio de la Unión Europea tendría muy escasas probabilidades de ver la luz.

Un límite de este tipo y, además, con un régimen sancionador asociado supone un golpe en la línea de flotación de uno de los pilares de la UE, como es la mencionada libre circulación, bendecida por los diferentes Tratados.

Consultas abiertas

"Las empresas saben que la Ley les ampara. Esto no es opinable, una medida de este tipo va contra la normativa", señaló el pasado miércoles el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid y vicepresidente de la Cámara de España, Ángel Asensio. 

Mientras, en diferentes patronales las informaciones en torno a la propuesta de JxCat ha causado sorpresa y estupor, hasta el punto de poner en marcha las consultas con los gabinetes jurídicos, que han trasladado un mensaje de tranquilidad.

El comisario de Justicia Didier Reynders / EUROPA PRESS

En este sentido, recuerdan que Bruselas ya lanzó una seria advertencia al Gobierno cuando quiso relajar las exigencias de respaldo del Congreso para la modificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"En otras cuestiones también llamativas y que han generado mucha polémica en España, la Comisión se ha limitado a emitir una opinión. Pero en el asunto de la Administración de Justicia y el órgano de gobierno de los jueces reaccionó de inmediato y el Gobierno tuvo que dar un paso atrás. Con el asunto de las empresas ocurriría algo muy similar", señala una fuente próxima a una de las principales patronales.

Precedentes

Cabe recordar que otros países miembros, como Hungría y Polonia, sí decidieron seguir adelante con medidas similares en el marco jurídico y fueron sancionados con la congelación de los fondos hasta que decidieron rectificar.

Las fuentes consultadas también recuerdan el reciente y sonado caso de Ferrovial, que ya formalizó el traslado de su sede social a Países Bajos, una vez que fue aprobado tanto por el consejo de administración como por la junta de accionistas.

La competencia fiscal

"La decisión de Ferrovial sentó muy mal en Moncloa y hubo un aluvión de críticas hacia los gestores y principales accionistas de la empresa. Pero ni se planteó tratar de impedirlo o sancionar a la compañía por hacerlo".

En los últimos meses, numerosas empresas de pequeño y mediano tamaño han llevado su sede a la vecina Portugal con el fin de aprovechar el atractivo marco fiscal establecido en el país para atraer capital procedente del exterior.

Por otra parte, las empresas también recuerdan que el acuerdo para la tramitación de los fondos Next Generation incluye numerosos compromisos por parte de los perceptores, con un mayor o menor grado de exigencia pero que, en cualquier caso, también se basan en los pilares básicos de la UE, además de en cuestiones como los avances en digitalización y sostenibilidad medioambiental.