El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez EUROPA PRESS

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El Estado necesitará 13 años en Telefónica para recuperar la inversión

La adquisición de un 10% del capital de la operadora a precios actuales supondrá un coste de entre 2.000 y 2.100 millones de euros, mientras que el dividendo que distribuye la compañía reportará a las arcas públicas poco más 170 millones anuales

27 diciembre, 2023 00:00

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Telefónica se enfrenta a una larga época con presencia del Estado en su capital. En una operación muy poco frecuente, salvo en casos de rescate por una grave crisis, las arcas públicas volverán a contar con participación en una compañía que terminó de ser completamente privatizada hace más de un cuarto de siglo. La SEPI pretende ejecutar la compra del 10% de la operadora en el menor tiempo posible; sin embargo, el proceso de salida será una historia bien diferente.

Por lo pronto, con las condiciones actuales el Estado debería permanecer algo más de una década en el capital de la empresa que preside José María Álvarez-Pallete para recuperar por completo la inversión que llevará a cabo, que a precios de mercado oscilará entre 2.000 y 2.100 millones de euros. 

Vía dividendos

En este tipo de operaciones, la forma de recuperar la inversión menos lesiva para la cotización del valor y, por lo tanto, para el resto de accionistas (entre los que se encuentran cientos de miles de minoritarios) es a través del dividendo que Telefónica distribuye entre sus socios. 

En los últimos años, el consejo de administración de la operadora ha fijado una retribución al accionista de 0,3 euros por acción; una referencia que ha sido además fijada como suelo en el recientemente aprobado y presentado plan estratégico para los tres próximos años

Vocación de permanencia

Con esta referencia, el Estado tendría que esperar 13 años para recaudar la cantidad que destinará a la adquisición del 10% de Telefónica, para lo que utilizará el resorte de la SEPI, pese a que este montante no forma parte de la planificación del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda para el próximo ejercicio.

En la comunicación de la operación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la institución presidida por Belén Gualda recalcó la vocación de permanencia con la que cuenta como inversor, lo que aleja la posibilidad de que vaya a producirse un reembolso anticipado a través de una colocación de acciones, ni siquiera en el medio plazo.

"No se entendería que el Estado se comportara como un inversor al uso e hiciera caja en el caso de que las acciones de Telefónica muestren un comportamiento alcista de tal manera que pudiera proporcionar plusvalías con su venta", apunta un operador de mercado que, además, hace hincapié en el carácter especial que siempre tendrá la SEPI como accionista.

"Cualquier maniobra que lleve a cabo será interpretada por el mercado; una colocación de acciones, aunque fuera parcial, podría ser leída como una señal de desconfianza, con el riesgo de provocar un desplome en el valor".

Una acción muy popular

Cabe tener en cuenta que Telefónica es uno de los títulos más "populares" entre los ciudadanos que canalizan parte de sus ahorros a través de la bolsa. Su larga trayectoria en los mercados de capitales hace que, en muchos casos, los títulos de la operadora hayan pasado de generación en generación, como parte de herencias o, incluso, como una forma de iniciar a nuevas generaciones en el ahorro. 

Salvo en operaciones de privatización de una compañía con presencia mayoritaria del Estado o cambios normativos que así lo obliguen, resulta aún más infrecuente asistir a una venta de las participaciones que aglutina la Administración.

Los ejemplos de Aena y Redeia 

A modo de ejemplo, el Estado mantiene participaciones en los gestores de los sistemas de transporte de electricidad y gas (Redeia y Enagás) pese a que fueron parcialmente privatizados, sin que se haya planteado su salida en ningún momento.

Mientras, en Aena conserva una participación mayoritaria (51%), refrendada además por la actual normativa, que habría que empezar por modificar en el caso de que el Estado quisiera hacer una nueva colocación de acciones.