Las flotas de Cabify y Uber se quejan a UE de la "presión" a los VTC en Cataluña

Golpe sobre la mesa. Las patronales de las flotas que utilizan intermediarios como Cabify o Uber han pedido hoy a la Comisión Europea que frene la nueva ley del taxi de Cataluña, que actualizará la de 2003. Feneval y Unauto, que representan a las firmas de vehículos para las tecnológicas, han alertado de que el texto supondrá "restricciones" al sector, premiando los "intereses económicos de los taxis". 

En una carta dirigida a Adina-Ioana Vălean, comisaria europea de Transportes, las organizaciones empresariales dan la alerta roja sobre el texto que está preparando el Govern. En la misiva, las dos patronales avanzan que la norma en preparación será rayana a más "protección para los intereses económicos del taxi". Sostienen que la ley difícilmente atenderá a "razones de interés público" y supondrá "discriminaciones" a los vehículos de alquiler con conductor (VTC). 

"Preocupados"

En su mensaje, las dos firmantes advierten de que están "muy preocupados" por el proyecto de ley. Porque "ignora" las recomendaciones recientes de la Comisión sobre coexistencia de VTC y taxis. Y también porque lo conocido del proyecto "hace caso omiso" de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

La aplicación de Uber, ante la Sagrada Familia de Barcelona Cedida

Lo que inquieta es que el Ejecutivo de Pere Aragonès (ERC) propone declarar el taxi como "servicio de interés público". Con ello, sostienen, se crearán "determinados privilegios" en favor de este transporte. Por contra, los VTC encajarían "diversas restricciones", lo que supone un incumplimiento de la sentencia del TJUE. 

"Comunidades autónomas que discriminan"

A renglón seguido, Unauto y Fenaval indican que la regulación catalana en preparación es, de hecho, una continuidad del Real Decreto Ley aprobado en junio por el gobierno, y que declaró el taxi como servicio de interés público. 

Tras ello, las dos patronales afean que "algunas comunidades autónomas que tradicionalmente se han puesto del lado del taxi y han discriminado a los VTC" se "hayan apoyado" en el decreto nacional. En ambos casos, insisten los firmantes, ninguno de los dos textos fija obligaciones al sector del taxi como industria estratégica, sino que simplemente buscan "crear una excusa más para justificar el mantenimiento de las regulaciones discriminatorias existentes". 

"Es cosmético, no fija obligaciones"

Así, las dos organizaciones empresariales ponen el foco en dos niveles. La nueva pieza legislativa nacional, ya aprobada, y la autonómica, que está preparando el Govern. En cuanto a la primera, fue "cosmética", pues aupó el taxi a una posición "privilegiada", "sin ninguna de las obligaciones que se aplican a los verdaderos servicios de interés general", razonan. 

Ester Capella, nueva 'consellera' de Territori del Govern desde junio EP

Fue, pues, "una mera excusa para seguir protegiendo los intereses económicos de los taxis en una clara evasión de lo dictado por la sentencia del TJUE y en contra de los VTC". 

Conflicto en la UB

En el caso de Cataluña, Unauto y Fenaval prevén que prosiga la "discriminación" a los VTC y, de hecho, "la aprobación de futuras restricciones adicionales que no se apliquen a los taxis". 

En este contexto, ambas entidades patronales alerta a la comisaria Vălean de la "presión del taxi preocupante y en aumento" en Barcelona. Ponen como ejemplo, una conferencia reciente sobre movilidad en la Universidad de Barcelona (UB) que tuvo que hacerse a puerta cerrada tras el anuncio de protestas del sector del autotaxi. 

Toque a la Generalitat: basta de "discriminación"

Por todo ello, las peticiones de los dos entes empresariales a la Comisión Europea son tres. Por un lado, que "informe" sobre el estado del procedimiento EU Pilot, en el que se investiga si el decreto del Gobierno aprobado en junio atenta contra el derecho comunitario. Por el otro, que "acelere urgentemente" un procedimiento sancionador contra las autoridades nacionales y, en tercer lugar, que dé un toque de atención a la Generalitat de Cataluña. 

Un vehículo de Cabify con una pasajera en Barcelona EP

Esta última petición se sustancia en "recordar" a la Administración regional que "deben eliminar las restricciones existentes que incumplan los principios y derechos" de la Unión Europea. Y que avisen al Govern de Aragonès de que "las futuras regulaciones sobre los VTC no pueden imponerse con el propósito de proteger los intereses económicos de los taxis y deben basarse en razones de interés público demostradas y convincentes".