El grado de ejecución de la inversión pública presupuestada para Cataluña, uno de los polos de fricción entre el Gobierno central y la Generalitat en los últimos tiempos, ha dejado de ser objetivo de controversia entre ambas Administraciones. Pero el motivo no es que las cifras ya no sean anormalmente bajas, bajo el criterio del Govern. Ni tampoco altas. Simplemente, los datos se han dejado de publicar.
En estos días se cumplen exactamente doce meses desde que se dio a conocer el último informe semestral sobre la distribución territorial de la inversión pública, el que correspondía a la primera mitad de 2022. Desde entonces, el silencio ha tomado el lugar de las frecuentes trifulcas y cruces de acusaciones que solían suceder a la publicación de las cifras, a cargo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Máxima tensión
En circunstancias normales, se debería haber publicado el informe acerca del cierre del pasado año e, incluso, el del periodo enero-junio de 2023. Sin embargo, como última referencia se mantiene el citado del primer semestre de 2022 que, como los anteriores, generó no poca polémica por el reducido grado de ejecución presupuestaria en Cataluña.
Sin duda, el punto más álgido en cuanto a tensión por este asunto se alcanzó en los últimos días de mayo de 2022 cuando, entonces sí, se conoció el contenido del informe de ejecución presupuestaria territorializada del conjunto de 2021. El documento afloraba que sólo el 35% de la cantidad prevista para Cataluña se había destinado efectivamente a la inversión pública.
Cruce de acusaciones
En términos absolutos, la cifra no llegaba a los 800 millones de euros y, además, contrastaba con los datos referidos a la Comunidad de Madrid, que se iban hasta el 185%.
La reacción del Govern, en el que se mantenía aun la coalición entre ERC y JxCat, no se hizo esperar. Uno de los más vehementes fue Jordi Puigneró, por entonces vicepresidente de la Generalitat, quien aseguró que sólo encontraba dos explicaciones para estas cifras: que el Gobierno central era inútil, por ser incapaz de ejecutar los proyectos previstos, o mentiroso, por incumplir el compromiso.
La tensión fue de tal calibre que al día siguiente la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, una de las figuras que el PSC mantiene en Moncloa, tuvo que improvisar una reunión de urgencia con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para tratar de calmar los ánimos.
Por entonces, la titular de la cartera más inversora justificó las reducidas cifras (que, por lo demás, también fueron notablemente bajas en el conjunto del Estado) en los problemas para llevar a cabo los proyectos derivados de la crisis generada por la pandemia y los posteriores bloqueos generados por la abrupta recuperación, que también había provocado una fuerte alza en los costes.
Repetición de la jugada
Explicaciones que, por entonces, sólo convencieron a medias al Ejecutivo catalán, al que Sanchez aseguró que durante los siguientes periodos los datos mejorarían de forma sustancial.
De ahí se pasó al citado informe del periodo enero-junio de 2022, el último disponible y publicado en los primeros días de octubre de aquel ejercicio. Pese a que la ejecución total alcanzaba el 64% de lo presupuestado, el Govern volvió a criticar con dureza las cifras al entender que deberían ser valoradas sin la cuantía correspondiente a la compensación a Abertis (valorada en 1.069 millones) por el fin de la concesión de la AP-7, con lo que la inversión quedaba en sólo 348 millones de euros, un 11% de lo presupuestado.
El secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reciben a la diputada de Junts, Miriam Nogueras
Sin el tono elevado de la anterior ocasión, la publicación de los datos volvió a generar mucho ruido político y revivió las reclamaciones de la Generalitat por la infrainversión que acumula Cataluña en los últimos años en lo que a infraestructuras públicas se refiere.
Ha sido la última polémica al respecto, dado que no han vuelto a conocerse públicamente las cifras de la IGAE. El momento actual es especialmente delicado, toda vez que el PSOE y Sumar, su socio de Gobierno, llevan semanas de negociaciones con el fin de lograr los apoyos suficientes en el recién constituido Congreso de los Diputados para hacer posible que el actual presidente en funciones repita al frente del Consejo de Ministros.
Exigencias económicas
Entre esos posibles apoyos se encuentran los de ERC y JxCat, precisamente las formaciones que han mostrado mayor beligerancia a la hora de analizar el grado de ejecución presupuestaria. Entre sus reclamaciones de carácter económico para hacer posible la investidura del líder socialista, el partido del expresidente Carles Puigdemont incluye satisfacer una factura nada menos que de 450.000 millones de euros, en la que valora la "deuda histórica" del Estado con el territorio.
Dados los antecedentes, todo parece indicar que las cifras seguirán, por el momento, a buen recaudo. Las dificultades en las conversaciones para la investidura así parecen aconsejarlo.