El Estado se estrella con la rigidez administrativa del Govern al invertir en Cataluña

La polémica en torno a los datos de ejecución presupuestaria correspondientes a 2021, en los que Cataluña figura a la cola de las comunidades autónomas en términos porcentuales, pone de manifiesto una vez más los problemas de gestión que arrastra desde hace años la Generalitat. Lastrada por una excesiva rigidez administrativa, le sitúa en posición de desventaja respecto a la Comunidad de Madrid, sobre la que también ha pesado favorablemente el llamado “efecto capitalidad”, 

Las cifras que han generado un nuevo incendio en las relaciones entre el Gobierno regional y el central muestran que la ejecución presupuestaria en Cataluña durante 2021 apenas alcanzó el 36%. Esta proporción contrasta de forma notable con el 184% que presenta la Comunidad de Madrid y que ha hecho que los pesos pesados del Ejecutivo catalán levanten la voz contra Moncloa.

La distorsión de 2021 

Lo cierto es que aunque la infraejecución es una constante durante los últimos años, el fenómeno es común al conjunto de las Administraciones Públicas. Además, fue especialmente pronunciado el pasado año y en ambos sentidos, tanto en el exiguo porcentaje en que se ejecutó el Presupuesto en Cataluña como en la desviación positiva en el caso de la Comunidad de Madrid, lo que ha provocado que la brecha haya elevado su tamaño. 

Este martes, la Cámara de Comercio de Barcelona ponía el dedo en la llaga al emitir una nota en la que denunciaba esta situación. Hizo hincapié en el capítulo correspondiente a las inversiones por parte de empresas públicas (entre las que se incluyen Renfe, Adif y Aena como puntas de lanza), que supone la principal partida de la ejecución presupuestaria. 

Grandes proyectos lastrados

En este punto, se registra una abismal diferencia entre el 27,3% que se ha ejecutado en total en Cataluña y el 112,3% que presenta la Comunidad de Madrid. Una circunstancia, no obstante, anómala si se compara con los tres años anteriores, en los que la ejecución presupuestaria de las empresas públicas en ambos territorios osciló entre el 55% y el 66%, con diferencias máximas de apenas cinco puntos. 

Diversos expertos consultados hacen hincapié en los problemas que en los últimos años muestra la Generalitat a la hora de llevar a cabo proyectos de notable envergadura. Como es el acceso de la alta velocidad a través del túnel de la Sagrera, la línea 9 del metro de Barcelona, el canal Segarra-Garrigues o el eje transversal, entre otros. 

Madrid gana en agilidad

La mayoría pone de relieve los complejos trámites administrativos que se establecen a la hora de poner en marcha licitaciones que, de por sí, acarrean un largo tiempo para prepararlas por parte de los potenciales contratistas. 

Esta tendencia, precisamente, discurre en sentido contrario tanto en Administraciones como en la Comunidad de Madrid, que ha aprobado en los últimos años numerosas iniciativas para simplificar trámites, agilizar la adjudicación de licencias y permisos con el fin de que las inversiones no se eternicen en los despachos y puedan ser cuanto antes una realidad en la calle. 

Trabas a la ampliación del aeropuerto

Por otro lado, las cifras también ponen de manifiesto el recelo que despierta en el Govern todo aquello que proviene del Estado. Como ejemplo paradigmático, todas las fuentes consultadas se refieren al ejemplo de la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. El Gobierno central estaba dispuesto a destinar una inversión de 1.700 millones de euros que, finalmente, se fue al limbo tras el rechazo y los recelos tanto la Generalitat como, en este caso también, el Ayuntamiento de Barcelona que, bajo el mando de Ada Colau, fue una de las principales opositoras al proyecto. 

“De inmediato se manifestó el Gobierno de la Comunidad de Madrid para abrir las puertas a esa partida si Cataluña la rechazaba. No deja de ser todo un síntoma de lo que está sucediendo”, señala un expolítico que no desea ser identificado.

El influjo del 'procés' 

Otras fuentes también apuntan a que el auge del separatismo y los acontecimientos en torno al procés, la fallida declaración unilateral de independencia y las consecuencias jurídicas posteriores han complicado las circunstancias en torno a un tejido social y político ya de por sí complejo y polarizado.

“Muchas veces, los principales partidos rivalizan en demostrar cuál se opone más al Estado o cuál pelea más por separarse de España y eso no agiliza precisamente las inversiones; no quieren dar una imagen de excesiva cercanía con todo lo que representa el Estado o el conjunto de la nación”, añade el mismo interlocutor. 

No sólo el Estado

Al margen de lo que tiene que ver con el Gobierno central, la Generalitat también ha evidenciado notables dificultades a la hora de, incluso, ejecutar las inversiones previstas en sus propias cuentas públicas.

Como casos más recientes cabe citar el del Pacto Nacional por la Industria 2017-2020, cuya ejecución en algunos de sus capítulos no alcanzó el 50%; o el plan de choque para el empleo, que acumula sucesivos retrasos pese a que los fondos proceden tanto de la Administración Central como de la Comisión Europea.

A vueltas con los técnicos

Algo parecido se dio en la pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que en 2020 no logró ejecutar ni la mitad de las inversiones previstas. Su desvío negativo se aproximó a los 190 millones de euros.

Desde círculos próximos a la Función Pública se llama la atención sobre los numerosos obstáculos que en muchas ocasiones se encuentran los técnicos en Cataluña cuando aspiran a ocupar una plaza en la Administración. Algo que ha provocado también un silencioso éxodo hacia otras plazas cercanas e, incluso, a Madrid, a la Administración Central donde, de acuerdo con los testimonios, terminan “los mejores, los más preparados. Allí no se ven condicionados por según qué afinidades ideológicas, por ejemplo. Sólo se tiene en cuenta su valía profesional”. 

El factor capitalidad

También cabe tener en cuenta que, al margen de lo sucedido en 2021 con la partida de las empresas públicas, la principal distorsión está relacionada con el presupuesto de gastos de la Administración General del Estado, la otra gran partida de la inversión. La ejecución en el caso de la Comunidad de Madrid se aproxima al 439% (más de 645 millones de euros en términos absolutos respecto a la cantidad presupuestada) mientras que en Cataluña es de algo más del 91%. 

Una tendencia que viene de los años anteriores, aunque con menor intensidad (por encima del 200% en todos los casos desde 2018). Este es el elemento en el que el factor de la capitalidad, admitido por el propio Gobierno central, entra en juego. En los últimos años el gasto público se ha incrementado de forma notable, como consecuencia especialmente de la pandemia del coronavirus, y el grueso de la Administraciones tiene su sede en la capital de España.