Qué pasa si quiebra un ayuntamiento: los precedentes de Tarragona

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), acaba de cumplir los primeros 100 días de mandato y sólo Junts y Vox han aprobado por ahora su gestión. Eso fue antes de que el edil anunciase, este lunes, que el consistorio está en serio riesgo de quiebra: necesita 14 millones de euros con urgencia o habrá que tomar serias medidas que afectarán a los ciudadanos. Pero ¿qué pasa si un ayuntamiento se declara en bancarrota? ¿Hay precedentes?

Si un ayuntamiento fuese una empresa, la quiebra o bancarrota –imposibilidad de afrontar los pagos, al ser su cuantía superior a los recursos económicos disponibles– supondría el cese de actividad. Sin embargo, un consistorio no puede cerrar, por lo que, en última instancia, sería intervenido por el Gobierno. Pero antes de llegar a ese escenario hay que buscar otras fórmulas, que pasan por recortes severos. En el caso de Tarragona, los tijeretazos "pueden afectar a prestaciones como los servicios sociales, las bibliotecas, la seguridad y el transporte", según el alcalde, que atribuye esta situación al incremento del IPC, el encarecimiento de la energía, los intereses, la inflación y la subida del salario de los funcionarios.

Voces de alarma

“Antes que declarar formalmente la insolvencia, se encienden todas las luces de alarma para poner sobre alerta a todos los implicados. Dentro de la dificultad, resulta más sencillo tratar de resolver el problema antes de que se ponga en marcha el procedimiento en caso de quiebra”, señalan desde una gran consultora. De hecho, la declaración de suspensión de pagos de un ayuntamiento es un hecho prácticamente inédito en España durante los últimos tiempos, aunque sí son más frecuentes las declaraciones alarmistas de los propios regidores o incluso de la oposición cuando el escenario es sumamente complicado.

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 193, contempla que una Administración pueda liquidar un presupuesto con remanente de tesorería negativo. En ese caso, aclara, la corporación o el órgano competente “deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido”. Si esta reducción no es posible, “se podrá acudir al concierto de operación de crédito” por el importe de la deuda, siempre que se devuelva antes de la renovación del pleno.

La intervención del Gobierno

Pero puede darse la circunstancia de que no se adopte ninguna de las dos medidas mencionadas. En ese caso, el presupuesto del ejercicio siguiente “habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit”. “Las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda”, pues lo contrario “facultará a la Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos que conozca relativos a la entidad de que se trate”.

Sea como sea, la bancarrota de un ayuntamiento es una situación extrema no prevista en la Ley de Bases de Régimen Local. Aun así, si no hay otra salida, es el Gobierno central el encargado de intervenir la Administración, previa consulta con la comunidad autónoma en la que se encuentre el municipio en cuestión. A renglón seguido, se procedería a designar a un equipo gestor y a inyectar los fondos necesarios para atender el día a día hasta que estuviera listo el plan de reestructuración que se encargaría para sacar al ayuntamiento de la insolvencia.

El caso de Marbella

“Ese plan acarrearía fuertes recortes en inversiones e incluso en salarios y empleos municipales. La medida sólo es viable en un caso sumamente extremo”, apunta la fuente consultada.

El ejemplo paradigmático es el del Ayuntamiento de Marbella, ahogado por la corrupción y con una partida presupuestaria muy notable.