A pocas semanas de que se conozca la sentencia sobre Celsa, que decidirá su futuro en base a la nueva ley concursal, la compañía siderúrgica ha cerrado un importante acuerdo con la banca española.

El grupo controlado por la familia Rubiralta ha acordado la renovación de un crédito circulante de 525 millones de euros con un pool de entidades liderado por Caixabank y Banco Santander, en el que también se encuentran BBVA y Banco Sabadell con cantidades menores.

Segundo acuerdo financiero

La prórroga se ha firmado por seis meses, hasta finales de enero de 2024. Este crédito servirá a la empresa para tener liquidez en su día a día y afrontar las inversiones de su operativa ordinaria.

No es la primera vez que la compañía obtiene el favor de las entidades financieras. El pasado enero, Celsa ya logró atrasar el vencimiento de esta línea de crédito hasta junio. Ahora, se repite la jugada durante un semestre más.

Francesc Rubiralta, presidente de Celsa Europa Press

Rubiralta vs. fondos

La firma del acuerdo llega días después del final del juicio de oposición a la homologación del plan de reestructuración de la empresa propuesto por los acreedores. El juicio se sustancia en el juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona bajo la dirección de Álvaro Lobato y ha quedado visto para sentencia.

A lo largo del proceso, tanto los Rubiralta como el grupo de acreedores --liderados por Deutsche Bank y los fondos Anchorage, Capital Group y Attestor Capital, entre otros; solo Kutxabank se desmarca de este bloque-- se han cruzado graves acusaciones.

Reestructuración o quiebra

Por un lado, los tenedores de deuda reclaman a la justicia que se ejecute su plan de reestructuración, elaborado por la firma Lexaudit, que conllevaría una quita de la deuda a cambio de diluir la presencia accionarial de la familia propietaria. De lo contrario, los acreedores han advertido de que la empresa se encamina a la liquidación.

Durante el juicio aseguraron que la alternativa de viabilidad presentada por la empresa "es puro humo, es una quimera, algo que no existe" y han puesto en duda que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) se mantenga dispuesta a ayudar a la empresa.

Instalaciones de Grupo Celsa en Reino Unido

Fallo en septiembre

Por su parte, la defensa de Celsa arguyó que no se habían cumplido los requisitos para la homologación del plan de reestructuración y desestimó el trabajo de Lexaudit. Además, puso en valor sus cumplimientos con los proveedores y dudó de la voluntad de continuidad industrial de los acreedores. "La única intención es el cambio de propiedad", manifestaron los abogados de la siderúrgica.

Está previsto que la sentencia del juicio se haga pública en los 10 primeros días de septiembre. Pese a que se especuló con una resolución rápida, el juez Lobato manifestó que necesitaba más tiempo para resolver el caso.

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